El abrazo del oso

José Bono declaró en el año 1997 que ni en sus «mejores sueños» hubiera concebido algo tan positivo para Castilla-La Mancha como el plan de cuenca del Tajo, que fijó una reserva de agua intocable de 240 hectómetros cúbicos en la cabecera, a la vez que blindó las demandas futuras de su territorio con carácter prioritario y sin límite. Aquel alborozo -se publicaron dípticos dirigidos a la población para realzar dicho logro- no facilitó sin embargo la paz del agua entre Murcia y Valencia por un lado, y Castilla-La Mancha por el otro.

Veinte años después, uno de los principales discípulos de Bono, el presidente castellano manchego Emiliano García-Page está dispuesto a llegar a un acuerdo con sus homólogos de Murcia y Valencia, Pedro Antonio Sánchez y Ximo Puig, aunque mantiene su rechazo al acueducto Tajo-Segura. Lo que a Bono le supo a triunfo -la línea roja de los 240 hectómetros- a Page le parece un castigo, pese a que dicha reserva será ahora de 400 hectómetros con la ley del Memorándum. A su juicio hay que cambiarla porque significa la venta de los recursos naturales de su comunidad.

Con estas premisas, el Trasvase Tajo-Segura corre el peligro de convertirse en la moneda de cambio de ese futuro pacto entre las tres comunidades, ya que Castilla-La Mancha pretende que se hable de otros ríos y de que se le dé mayor protagonismo a la desalación. García-Page tendió ayer la mano a Sánchez y Puig, y al mismo tiempo lanzó más críticas hacia el acueducto: «El Gobierno de España sigue haciendo trasvases al Levante, que los va a tener que hacer en cubitos de hielo, tal y como nieva y como viene la nieve en el Levante español», ironizó en unas declaraciones recogidas por Efe en Ciudad Real. A juicio de García-Page, «es paradójico» que haya problemas de agua en Castilla-La Mancha y que sin embargo se siga «mandando agua todavía a zonas de este país que tienen sobrecargados los acuíferos y problemas de inundación de nieves y de adversidades climatológicas».

La versión del presidente de Castilla-La Mancha no se compadece con los recursos hídricos almacenados en su comunidad, a la vez que obvia que gran parte del caudal trasvasado es para el abastecimiento de la población de Murcia, Alicante y Almería. La desalación es insuficiente y ha llegado a su tope.

Emiliano García-Page es consciente, al igual que Pedro Antonio Sánchez y Ximo Puig, de que cualquier Pacto Nacional del Agua tiene que asentarse en un acuerdo previo entre las tres comunidades, ya que la 'piedra de la discordia' es el Trasvase. Será difícil, máxime si se tiene en cuenta que el Gobierno murciano, el PSOE y Ciudadanos, además de los regantes, apuestan por redotar la cabecera del Tajo o plantear un nuevo canal para derivar recursos externos.

García-Page subrayó que se reunirá «a la vuelta de muy pocas semanas» con sus homólogos de Murcia y Valencia. Se mostró «optimista» en lograr ese pacto «cuando acabe esta legislatura» o bien un «principio de acuerdo». Dijo que «lo importante es ir por un camino de coordinación». Cree que los tres presidente deben empezar a hacer «lo que, sin duda, no puede ser sin nosotros y, además, no nos lo van a dar resuelto nunca». No confía en el Gobierno de Rajoy «arregle el problema del agua».

Arroyo: Se busca una fecha

La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, confirmó ayer que «se están viendo agendas de los presidentes autonómicos para celebrar dicha reunión». A su juicio, «lo importante es que el tema principal para Murcia, que es dar una solución a la necesidad de agua, está sobre la agenda no solo del presidente murciano, sino de otros jefes autonómicos». «Entre todos tenemos que buscar la solución, sin que sea de unos a costa de otros».

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