Un 'Auditorio' con tres salidas

Por su propia idiosincrasia, el funcionamiento de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región bien podría compararse con la particular gráfica de un electrocardiograma: periodos en ocasiones muy prolongados sin concitar el menor interés público, salteados por altas y breves crestas de máxima expectación, durante las cuales parece que la suerte y el futuro de la Región penden en buena parte de la decisión de ese tribunal. Y en parte es así, pues no en vano se trata del único órgano jurisdiccional en la Región con capacidad para imputar y enjuiciar a aquellos altos cargos que disfrutan de un fuero especial, como los integrantes del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y los diputados de la Asamblea Regional, además de los jueces y fiscales.

De manera que en las escasas ocasiones en que le llegan unas diligencias penales a ese tribunal, la atención mediática se centraliza de tal forma en esa institución que no parece existir nada más relevante. Si además el sospechoso de haber delinquido es el presidente del Ejecutivo autonómico, el interés mediático trasciende fronteras.

Hoy, la Sala de lo Civil y de lo Penal vivirá una de esas jornadas que harán correr ríos de tinta, sea cual sea la decisión que adopte. Y es que la decisión que adopten los tres magistrados titulares -Miguel Pasqual del Riquelme, el presidente; Julián Pérez-Templado y Enrique Quiñonero- será -así debe ser- estrictamente técnica, pero tendrá indudables repercusiones en la vida política regional y hasta nacional.

Este tribunal procederá a analizar esta mañana la exposición razonada que hace un mes le remitió la titular del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, en la que resumía los indicios de delito que habría hallado a lo largo de su investigación y que calificó como constitutivos en apariencia de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude.

En función de los argumentos legales de la magistrada y de las consideraciones que realizaron días atrás el Ministerio Fiscal y los abogados de las acusaciones particulares y de las defensas, la Sala deberá adoptar una decisión que marcará el futuro próximo del 'caso Auditorio' y, con ello, también del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez.

Las opciones son tres. La primera, y en principio más improbable, el archivo de las diligencias por no apreciarse indicios de delito. El cúmulo de supuestas ilegalidades que se habrían cometido en el proceso de adjudicación, construcción y receptación de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras es de tal calibre que no parece viable que el TSJ desmonte, con su decisión de hoy, todo el trabajo realizado por la Fiscalía y el juzgado de Lorca a los largo de casi dos años.

Siempre en el terreno de las hipótesis, podría estimar que no se aprecian delitos en la actuación de Sánchez, y devolver la causa a Lorca para que cierre el asunto en relación al resto de los imputados no aforados.

Dos, que los tres magistrados se limiten a constatar -como sostiene la defensa del presidente murciano- que la juez Andreo no ha cumplido al 100% su encargo de individualizar las conductas presuntamente delictivas del aforado. Además podría aducir que quedan actuaciones pendientes de aclarar, como el 'destino paralelo' que se dio a los seis millones de la subvención, gastados casi al completo por el Consistorio lumbrerense antes de iniciadas las obras. Una cuestión por la que la juez tiene abierta una pieza separada.

En este caso, y sin llegar a pronunciarse sobre si los hechos atribuidos a Sánchez aparentan ser o no delictivos, optaría por devolver las diligencias a Lorca para que se agotara la investigación.

Esta vía supondría retrasar la resolución del asunto durante largo tiempo -un año, en el mejor de los escenarios- y otorgaría al presidente murciano una tregua suficiente para casi agotar su mandato.

La tercera opción es que los magistrados den por buenas las argumentaciones de Andreo, de la Fiscalía Superior y de todas las acusaciones particulares y, tras asumir que existen indicios de uno o varios delitos que señalan al jefe del Gobierno regional, asuma el procedimiento y designe instructor. Una responsabilidad que, a priori, recaería en Pérez-Templado.

Esta última opción situaría a Sánchez a un paso de verse imputado.

Lo único cierto es que, cualquiera que sea la decisión, dará mucho de qué hablar durante días.

• Temas
• Pedro Antonio Sánchez
• Caso Auditorio Puerto Lumbreras
• Asamblea Regional