«Nos sentimos linchados y perseguidos»

Llevaban dos semanas aguantando el chaparrón en silencio, callando por disciplina y especialmente por respeto a la memoria de Lucía y al dolor de sus padres. Pero ayer dijeron basta. Prácticamente el 90% del centenar de profesores que integran la plantilla del IES Ingeniero de la Cierva de Patiño han firmado un escrito, que ya ha sido remitido a la Consejería de Educación, en el que aseguran haberse sentido «linchados mediáticamente, perseguidos policialmente y cuestionados y no respaldados por parte de la Administración educativa».

Los docentes de este centro denuncian haberse sentido en la diana de todas las críticas, muchas de ellas arbitrarias o injustificadas, que tienen su base en «una presunción de culpabilidad única, centrada en una supuesta mala praxis por parte de nuestro centro educativo» respecto del supuesto acoso escolar sufrido por Lucía, quien se quitó la vida con 13 años de edad.

El escrito comienza expresando la solidaridad de la plantilla de profesores «con el comprensible dolor de sus familiares y allegados, un dolor que nos alcanza a todos los que la conocimiento y apreciamos». Pero seguidamente pasan a cuestionar que el suicidio de Lucía pueda explicarse por una situación de acoso escolar, que de haberse dado fue ocho meses antes de que se produjera el trágico desenlace.

Aunque eluden ir más allá, sí alertan de que «sucesos tan desoladores como este nos impelen, humanamente, a la búsqueda de una explicación que muchas veces no podemos encontrar o que ni siquiera es posible. Lo que es seguro es que, en la mayor parte de las veces, y quizás también en este caso, se puedan deber a la conjunción de múltiples factores y de ningún modo pueden ser explicados ni atribuidos a una única causa», argumentan.

Las críticas, de una extrema dureza, empiezan por centrarse en los medios de comunicación, a los que acusan de haber caído «en una vorágine informativa» que buscaba «ante todo el sensacionalismo y los titulares llamativos». De esta forma, «lejos de intentar informar de forma objetiva, contrastando y atendiendo a la necesaria veracidad (...), han dado un espectáculo de consecuencias irreparables para nuestra imagen pública, al constituir lo que hemos sentido como un linchamiento público sin posibilidad de respuesta».

Investigación con prejuicios

Las descalificaciones se acrecientan cuando valoran el proceder policial. «Buena parte de responsabilidad de la información publicada es atribuible a las actuaciones derivadas de la investigación policial que, encargada al Grupo de Menores de la Policía Nacional de Murcia, puede calificarse de unidireccional y basada en apriorismos», señalan.

Como prueba de la existencia de esos prejuicios en sus indagaciones recuerdan que el mismo día 13, «cuando apenas se habían iniciado las primeras investigaciones, habiéndose realizado una sola entrevista a una jefa de estudios adjunta», el jefe superior de Policía «ya determinó que estaríamos ante un caso de acoso escolar y que las investigaciones se centraban en determinar por qué el instituto no había dado parte del caso ni a la Policía ni a la Fiscalía de Menores».

Unas declaraciones con las que apuntaba a que «la responsabilidad única y última del suicidio de Lucía recaía en una supuesta actitud negligente por nuestra parte», y que además se realizaron «cuando aún no se había tomado declaración ni a la extutora de Lucía, ni al Departamento de Orientación que se ocupó del caso, ni al entonces director del centro, ni a ningún otro profesor que fue miembro del equipo educativo de Lucía mientras estuvo en nuestro centro». Una actuación «que tiene difícil justificación» y que es «más bien una posible muestra de arbitrariedad».

La última andanada va dirigida a la Consejería de Educación, «que si bien en un primer momento apoyó las actuaciones desarrolladas en nuestro centro ante el supuesto caso de acoso denunciado por la familia», no tardó en sumarse a quienes extendían las sospechas sobre el IES «al no descartar algún error de procedimiento y anunciar que se abría un proceso de averiguación y que se depurarían responsabilidades».

El escrito, respaldado por cerca de 90 profesores, ha sido remitido ya a la Consejería para dejar constancia del malestar que arrastra la plantilla por la gestión de este asunto.