Archivada por vez primera una causa de presunta corrupción al no cerrarse antes de seis meses

La polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que estableció un plazo máximo de seis meses para cerrar la investigación de las diligencias penales, ampliable a dieciocho meses para las de especial complejidad, acaba de generar el primer archivo de una causa por haber trascurrido ese periodo sin que haya llegado a su término. Las diligencias son las que investigaban la posible comisión de varios delitos en la adjudicación y construcción de varios puentes sobre la rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, que se desgajó del denominado 'caso Auditorio' y en cuyo horizonte se encontraba el actual presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, pues era el alcalde de esa localidad cuando se produjeron los hechos.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente, acaba de dictar un auto en el que expone que han transcurrido seis meses desde que se abrió esa causa, sin que se haya realizado diligencia alguna y sin que la Fiscalía haya reclamado antes de ese plazo la declaración de causa de especial complejidad, lo que habría permitido alargar la instrucción en otros doce meses.

La resolución, que puede ser recurrida ante el propio juzgado y ante la Audiencia Provincial, sería la primera de estas características que se dicta en la Región, pues no hay constancia de que un caso de supuesta corrupción se haya sobreseído al haber expirado el plazo máximo legal para cerrar la investigación.

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