El soterramiento va por barrios

El maremágnum en torno al soterramiento de las estaciones del AVE se infla como un suflé. Va por barrios. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, está haciendo bolos por las comunidades autónomas sin poder evitar que se generen tensiones territoriales por ver quién tendrá el AVE más soterrado y pinturero. Días atrás prometió al Gobierno vasco que se soterrará el tren en Vitoria y Bilbao como mejor solución técnica para el acceso a ambas ciudades. Lógicamente, otras urbes que pretenden un trato similar han protestado, como sucede en Granada. El Gobierno regional espera que el ministro visite Murcia en breve, y tendrá que andarse con pies de plomo para ver qué promete aquí en relación con el asunto. Aunque el tour ministerial parece que está más pensado para visitar las obras de la variante de Camarillas.

Los soterramientos pendientes quedaron bloqueados en la etapa de Ana Pastor, que recortó estas inversiones de forma considerable. En el caso de Murcia, Adif aceptó enterrar las vías -aunque aún no han empezado las obras-, con cargo a la Sociedad Murcia Alta Velocidad. Cabe preguntarse si este consorcio tripartito podrá soportar todos los costes, no vaya a ser que suceda como en Valladolid, donde ha quebrado esta entidad con un agujero patrimonial de 404 millones de euros. Valladolid Alta Velocidad será la primera de otras sociedades similares repartidas por la geografía española -hasta diez- que se ve abocada a la liquidación porque calculó que una parte de los ingresos iban a proceder de las plusvalías de los terrenos ferroviarios que iban a ser urbanizados. En Murcia aún no se conoce el coste final que tendrían los ocho kilómetros bajo tierra. Otras ciudades han tenido más suerte, como Orihuela, donde se soterró la estación en un plis plas, mientras que aquí algunos políticos se dedicaron a pelar la pava con la ubicación de la estación, el cómo y el porqué. Lo normal es que otros se te adelanten.

Dice que fue una «situación puntual»

El Ministerio no piensa actuar con el agua del grifo

El Ministerio de Agricultura no tiene intención, al parecer, de tomar ninguna medida extra para garantizar la calidad del agua del grifo y evitar que se produzcan los recientes episodios que afectaron a 170.000 habitantes. Oficialmente, el departamento de García Tejerina considera que «se ha dado una situación puntual a la que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ha puesto solución». Y punto pelota. En la misma línea, la autoridad central dio por zanjado el problema señalando que se había recuperado la normalidad en los niveles de trihalometanos. En ambos casos, pasan de la raíz del problema. Mientras tanto, la consejera de Agricultura, Adela Martínez-Cachá, ha dado instrucciones al director general del Agua, Andrés Martínez Francés, para que prepare un informe técnico que obligue al Gobierno central a resolver este grave problema.

Lo llamativo del Ministerio es que aprobó hace seis años la declaración ambiental para el entubamiento del agua porque existía «un problema de salud pública». El agua potabilizada en la actual red de distribución «llega a los usuarios con unos niveles de trihalometanos superiores a los indicados», señaló entonces, aludiendo a dos episodios. Una de las potabilizadoras se modernizó después, pero no ha sido suficiente.

Cosas del Presupuesto

El Consorcio Marina de Cope sigue vivo

La ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma publicada en el Boletín Oficial de la Región tiene cosas llamativas, como el hecho de que todavía sigue vivo y coleando el consorcio para la urbanización de Marina de Cope, con un presupuesto de 500 euros. Estos organismos son como el cable de la tele o la factura del teléfono: no hay forma de darse de baja y anular el contrato. Otra curiosidad: los gastos de alta dirección de la Comunidad Autónoma y del Gobierno regional suman 31,4 millones de euros. En cuanto a la desaladora de Escombreras, el arrendamiento costará este año 16,4 millones de euros (suponiendo que la Comunidad Autónoma le pague a ACS, incluida otra anualidad en atrasos). Por la venta de agua está previsto que ingrese 9,9 millones. La resta es fácil. Por cierto, parece que hay una errata en el artículo 4 de la ley.

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