La Verdad

Medio centenar de causas contra altos cargos públicos en la Región

  • Más de 300 servidores públicos están inmersos en la actualidad en investigaciones por un presunto desvío de poder

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Una de las aproximaciones más fiables que se han realizado en la Región acerca del estado de la lucha contra la corrupción la acometió el periódico 'La Verdad' en los primeros días de 2013, cuando publicó un exhaustivo estudio sobre las causas judiciales que en ese momento estaban en tramitación, o ya habían sido juzgadas, contra cargos públicos y altos funcionarios de la Administración Pública. El número de procedimientos ascendía ya en aquel momento a 35, con más de dos centenares de implicados entre políticos, empleados públicos, empresarios y otras personas que se habrían dedicado a torcer la voluntad de los primeros.

Ese mapa de la corrupción en Murcia, que ha sido manejado durante largo tiempo en ámbitos políticos, jurídicos y académicos por su gran fiabilidad -recogía el nombre de la operación, el número oficial que se le había otorgado a esas diligencias, la cifra de encausados y los presuntos delitos que se investigaban, con lo que había muy escaso margen para discutir los datos-, desvelaba hasta qué extremo estaba propagada esa lacra en la Administración Pública. Entre los investigados en esos procedimientos se encontraban 19 alcaldes y exalcaldes (15 del PP y 4 del PSOE), algunos de ellos por partida doble y hasta triple; seis directores generales (todos del PP), tres diputados regionales y nacionales (dos del PP y uno del PSOE), un exsenador socialista, un consejero del Gobierno regional y un exdelegado del Gobierno.

Desde entonces hasta la actualidad, el número de asuntos se ha incrementado de forma muy sustancial, hasta el punto de que fuentes judiciales apuntan a que superan muy ampliamente el medio centenar y que el número de personas investigadas por supuestas desviaciones de poder se elevaría muy por encima de las 300.

Aunque algunas de esas diligencias se cerraron ya con condenas, y también algunas -en número inferior- con la absolución del cargo público que venía siendo acusado, el principal problema se deriva de los tremendos retrasos que acumula la instrucción de estos asuntos.

Así, este periódico publicó el pasado octubre otra información que desvelaba que buena parte de los grandes sumarios por corrupción acumulaban dilaciones monumentales. Algunos llevaban diez años en el juzgado y los más presentaban periodos de investigación superiores a los seis o siete años. Cualquiera que sea el caso, lo habitual es que estos asuntos se acaben eternizando y, a modo de ejemplo, se señalaba que diligencias por presunta corrupción que siguen pendientes de llegar a juicio son 'Ninette', 'Zerrichera' y 'Veneziola' -todas de 2005-; 'Puerto Mayor' (2006), 'PGOU de Puerto Lumbreras', 'Pabellón de Deportes de Ceutí' y 'Barraca' (2007)...

Casi puede asegurarse que muchas de ellas se aproximarán a los tres lustros de tramitación para cuando lleguen a dictarse las respectivas sentencias, a lo que habrá que añadir el tiempo que transcurra -nunca inferior a un año- hasta que el pertinente órgano superior -bien la Audiencia Provincial, bien el Tribunal Supremo- acabe resolviendo los recursos que se interpondrán.

En tales circunstancias, no debe extrañar que en el escaso periodo estudiado hasta el momento por el CGPJ para elaborar su primera radiografía de la corrupción en España, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, solo dos de esos procedimientos se hayan cerrado en los juzgados murcianos y que solo cuatro imputados hayan sido procesados o conducidos a juicio. El resto siguen inmersos en unas causas que a veces parecen dormir el sueño de los justos.