La Verdad

Un retraso de 18 años libra de pisar la prisión a los acusados del 'caso Zumo'

Los acusados por el conocido como 'caso Zumo' en el inicio del juicio, ayer, ante la Audiencia Provincial.
Los acusados por el conocido como 'caso Zumo' en el inicio del juicio, ayer, ante la Audiencia Provincial. / J. CARRIÓN / AGM
  • El fiscal retira los cargos a cuatro de los procesados por este presunto fraude millonario al descubrirse que no declararon como imputados ante el juzgado

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El pelo cano se impuso en el banquillo. El juicio por el conocido como 'caso Zumo' comenzó ayer en la Audiencia Provincial, 18 años después de que se iniciase esta investigación por un presunto fraude de 2,6 millones de euros -cometido hace más de dos décadas por la empresa Golden Bullida S. A. de Bullas- en ayudas europeas para la transformación de cítricos. La veintena de acusados (empresarios, agricultores y funcionarios) son la gran mayoría de ellos septuagenarios e, incluso, algunos ya octogenarios y casi todos están ya jubilados.

Los procesados -uno de los cuales falleció y otros presentan evidentes dolencias físicas- afrontaban inicialmente unas penas de entre seis y dos años y medio de cárcel. El innegable retraso que registró la causa ha acabado, sin embargo, rebajando notablemente sus peticiones de condena y, tal y como avanzó el fiscal, ninguno tendrá que hacer frente a más de dos años de prisión. Sí deberán responder, en principio, a las multas millonarias que la Fiscalía reclama.

Un giro inesperado

Además, la vista dio un giro inesperado al descubrirse, 18 años después, que cuatro de los procesados no llegaron a declarar como imputados ante el juez instructor. Este error judicial, que fue advertido por el magistrado ponente, Juan del Olmo, llevó al representante del Ministerio Público, José María Esparza, y al abogado del Estado, Juan Ramón Calero -que ejerce la acusación particular-, a retirar la acusación contra estos cuatro procesados, que afrontaban dos años y medio de cárcel.

Estos cuatro procesados son agricultores que estaban acusados de haber declarado la venta de cítricos a la conservera bullense cuando ninguno de ellos era propietario de terrenos plantados con naranjas. Ellos fueron, precisamente, quienes dieron origen al procedimiento al denunciar los hechos cuando fueron requeridos por la Agencia Tributaria para justificar esos ingresos.

Aunque inicialmente declararon como denunciantes, su condición no tardó en cambiar a la de imputados. Ayer, tras retirar la Fiscalía su acusación contra ellos, los cuatro pudieron abandonar la sala de vistas libres de polvo y paja. La acusación ha solicitado, no obstante, que declaren como testigos, una petición a la que las defensas se negaron. Esta parte sostiene que con este error judicial «la causa ha quedado vacía de contenido» y reclamó la nulidad de la misma.

Seguirá la próxima semana

Los letrados de la defensa llegaron al Palacio de Justicia de Murcia dispuestos a echar abajo una causa que lleva cerca de dos décadas gestándose en los tribunales. Uno de los letrados reclamó, al inicio de la vista, el sobreseimiento del caso a tenor del retraso que arrastra. «Estamos enjuiciando estos hechos 22 años después», remarcó. «Hay años en los que no se ha practicado diligencia alguna». El abogado remarcó que ninguna de las dilaciones registradas «es achacable a los investigados» e hizo hincapié en que la situación personal de los acusados ha variado notablemente. «Todos mis clientes tienen más de 74 años y dos de ellos superan los 80 años». Además, remarcó, muchos de ellos sufren dolencias físicas. «¿A quién estamos juzgando? Estos señores no son los mismos que hace 22 años».

Denunció «la pena de banquillo» que, a su entender, los procesados llevan dos décadas sufriendo e incidió en que esta causa «ha generado en ellos un padecimiento natural que debe valorarse». Esta parte sostuvo, además, que los hechos estarían prescritos al haber transcurrido, a su entender, 12 años sin una resolución motivada que detuviera esta prescripción. «El Estado ha fracasado estrepitosamente en este caso», concluyó.

Otro de los letrados de la defensa, Aurelio Llanes, instó al tribunal a sobreseer el caso remarcando que «no hay mayor injusticia que aquella que puede surgir de la justicia».

El fiscal y el abogado del Estado reconocieron el retraso del procedimiento y avanzaron que, dadas las dilaciones indebidas, no pedirán ninguna pena superior a los dos años de prisión. Rechazaron, sin embargo, que deba darse carpetazo al asunto a tenor de la tardanza y el error judicial detectado y descartaron rotundamente que los hechos estén prescritos.

El tribunal avanzó que se pronunciará en un auto sobre todas estas cuestiones, aunque ya instó a los acusados a presentarse en el Palacio el próximo 18 de enero para comenzar la ronda de declaraciones. La Sala ofreció a los procesados la posibilidad de ausentarse de las vistas, una vez que declaren, dadas las penas tan bajas a las que ahora hacen frente.