La Verdad

Los jueces procesaron por corrupción a 1.378 cargos públicos desde julio de 2015

  • El Consejo General del Poder Judicial presenta un repositorio público con estos casos, de los que cuatro pertenecen a la Región, y que abarca, por ahora, hasta el tercer trimestre de 2016

Los juzgados y tribunales españoles procesaron o abrieron juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 responsables públicos entre julio de 2015 y septiembre de 2016, cuatro de ellos en la Región, según el mapa de la corrupción presentado este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El archivo apunta también un dato relativo a las condenas. Fueron 399 los condenados por sentencia firme, en el mismo periodo, por delitos como malversación o cohecho, entre otros relacionados con la corrupción. A ello se suma que son 87 los presos por este tipo de conductas: 82 penados y 5 en prisión preventiva.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas presentaron el primer archivo de datos de procedimientos judiciales por delitos relacionados con la corrupción, que serán de acceso público por internet.

La información, accesible en la web 'poderjudicial.es', se actualizará trimestralmente y permitirá que los ciudadanos conozcan el número de personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, población reclusa y otros datos relacionados con la corrupción.

Según los datos facilitados por el CGPJ, los 1.378 procesados lo fueron en 166 procedimientos por delitos de corrupción, de los cuales finalmente terminaron en sentencia 99 y, de ellos, el 72,7% incluyeron condenas para algunos de los implicados.

Estos procesados son funcionarios públicos, gobernantes y políticos con responsabilidades públicas. Todos ellos actuaron de manera ilegal con dinero público, en su mayoría implicándose en corrupción política o administrativa mediante delitos como prevaricación administrativa o urbanística o malversación, entre otros.

Otros delitos pueden ser infidelidad en la custodia de documentos públicos, violación de secretos, cohecho o tráfico de influencias, fraudes o abusos o negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.

A la vista de estos datos, el presidente Lesmes negó que se pueda descalificar a la clase política, muchos de cuyos miembros colaboran contra la corrupción, mientras que Cabrejas señaló que la principal conclusión, a la espera de que la existencia de más datos permita apreciar la evolución del problema en el tiempo, es que se trabaja contra la corrupción en todos los juzgados, y no solo en la Audiencia Nacional.

"El trabajo se realiza de manera concienzuda por todos los jueces y magistrados y no está centrado en los juzgados centrales sino en todos", señaló Cabrejas.

Así, de los procesados, solo 272 lo fueron por la Audiencia Nacional (es decir, en alguno de los grandes sumarios por corrupción que este órgano instruye), mientras que a los 1.106 restantes se les abrió juicio en juzgados de distintas comunidades autónomas.

Los datos se refieren a cinco trimestres (desde julio de 2015 a septiembre de 2016), los cubiertos por el archivo actualmente (se actualizará trimestralmente).

En su comparecencia, Lesmes definió el archivo como un depósito de datos de acceso público para que los ciudadanos puedan conocer la lucha de la Justicia contra este fenómeno criminal que amenaza las instituciones y atenta contra la confianza de los ciudadanos en los gobernantes.

Lesmes defendió la lucha de los jueces contra este problema y garantizó su imparcialidad contra las críticas interesadas que apuntan a su politización.

"Lo que ofrecemos aquí es la respuesta judicial a la corrupción", señaló Lesmes. "Una foto fija sobre los casos de corrupción que llegan a procesamiento o juicio y sobre las condenas o absoluciones", añadió antes de denominar a este nuevo instrumento como "el mapa de la corrupción".

Al acto asistieron vocales del CGPJ, el vicepresidente y miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, el presidente y jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, además de fiscales y magistrados.