La Verdad

El TSJ recibe el 'caso Auditorio' y reúne a la Sala que decidirá la suerte de Sánchez

El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, saliendo ayer del Palacio de Justicia de Murcia.
El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, saliendo ayer del Palacio de Justicia de Murcia. / Nacho García/ AGM
  • El tribunal, del que será ponente Pérez-Templado, emplaza a todas las partes del proceso a personarse en las actuaciones

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región mantendrá el suspense sobre el 'caso Auditorio' durante unos cuantos días más. Aunque los magistrados que integran este órgano judicial, el presidente Miguel Pasqual del Riquelme, Julián Pérez-Templado y Enrique Quiñonero, adoptaron ayer las primeras decisiones sobre un asunto del que depende el futuro judicial y quizás político del jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez, estas no versaron sobre la admisión o no de las diligencias que les ha remitido la juez de Lorca.

La providencia dictada ayer por la Sala se limitó a establecer algunas cuestiones de mero trámite, por lo que habrá que seguir esperando para conocer el sentido de la primera decisión de gran calado que debe adoptar: si asume los argumentos expuestos por la magistrada Consuelo Andreo en su exposición razonada y, en función de ello, si acepta su competencia para investigar al presidente de la Comunidad.

En una breve nota de prensa, la Oficina de Comunicación del TSJ se limitó ayer a dejar constancia de que la Sala de lo Civil y de lo Penal había procedido a registrar formalmente las diligencias 1/2017, después de que el pasado jueves, día 5 de enero, recibiera las actuaciones 316/2015 que le remitió el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca. El asunto está constituido por varios miles de folios, repartidos en ocho tomos con sus correspondientes anexos.

Además, el tribunal instó a las diferentes partes del procedimiento a que se personen ante este órgano judicial y procedió a designar como ponente a Julián Pérez-Templado para las resoluciones que hayan de dictarse en los próximos días.

Hasta ahí llegaron ayer en sus decisiones los tres magistrados, que no entraron en el fondo de la cuestión: el análisis de la exposición razonada de la juez Andreo.

El hecho de emplazar ahora a las partes a personarse ante el TSJ va a posponer durante un tiempo indefinido la decisión clave sobre si se admiten o no las diligencias. A modo orientativo cabe recordar que ya con el 'caso Guardería' este tribunal adoptó en un primer momento esa misma decisión, consistente en reclamar la personación de las partes, y acabaron transcurriendo cinco semanas, desde el 14 de noviembre en que dictó esa providencia hasta el 21 de diciembre, que fue la fecha en que la Sala asumió formalmente la instrucción de esa causa.

Casi dos años de recorrido

A estas alturas, el 'caso Auditorio' acumula ya un largo recorrido, prácticamente de dos años, desde que en los primeros días de febrero de 2015 el Fiscal Superior de la Región, Manuel López Bernal, presentó ante el TSJ una querella contra el exalcalde de Puerto Lumbreras y en aquel momento consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez. Le atribuía presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad documental, fraude y malversación de caudales públicos en la construcción del Teatro-Auditorio lumbrerense.

En una controvertida decisión, adoptada por dos votos contra uno, el tribunal admitió su competencia en ese asunto, pero decidió remitirlo a Lorca con el fin de que la juez Andreo procediera previamente a «individualizar la conducta supuestamente delictiva del aquí aforado».

A lo largo de más de año y medio, la instructora ha tomado declaración a una veintena de imputados y ha procedido a solicitar informes periciales de gran trascendencia, como el emitido por la Intervención General de la Administración del Estado. Hasta que el pasado 30 de noviembre dictó un auto por el que remitía una exposición razonada al TSJ, desgranando los indicios de delito que en su opinión existían contra el presidente Sánchez por presunta prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude.