La Verdad

El Ministerio pone reparos a la ley regional contra los desahucios

  • Un informe advierte de que el Gobierno regional se ha extralimitado en sus competencias y avisa de un posible recurso ante el Constitucional

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Consensuar la redacción final de la ley de vivienda de la Región y evitar que el Ministerio de Administraciones Públicas interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional. Son los dos objetivos que se ha marcado la Consejería de Fomento de cara a la constitución de la comisión bilateral que abordará el informe que el Ministerio redactó sobre las reformas que introdujo el Gobierno autonómico en la citada norma, con el objetivo de atajar los desahucios y evitar los cortes de suministro a familias sin recursos económicos.

El informe alerta al Ejecutivo regional de que ha cometido una «extralimitación competencial» e incurre en una «inconstitucionalidad». Pone el acento en el artículo 59 de la ley de vivienda, que establece que bancos y promotores propongan un alquiler social a los propietarios de los inmuebles que no pueden pagar la hipoteca. «Parece establecer que la mediación es obligatoria para las partes, ahora bien, la mediación en asuntos civiles y mercantiles es siempre voluntaria», recuerda el Ministerio. Y añade que al introducir como requisito el alquiler social, con carácter previo a la posibilidad de interponer una demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio, «implica un menoscabo de la competencia estatal en materia de legislación procesal».

También reprocha que el citado artículo puede «incurrir en una vulneración del derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales». El Ministerio se muestra más crítico con el apartado del artículo 59 que establece que las empresas de agua, luz y gas no podrán cortar ningún suministro sin informar antes a los Servicios Sociales y que el Ejecutivo autonómico promoverá convenios con estas empresas para que concedan ayudas a fondo perdido y descuentos a familias en riesgo de exclusión social.

«Defender a las familias»

«Tal como está redactado parece establecer que las compañías deberán soportar todo o parte del coste de las ayudas». El Ministerio concluye que «la comunidades autónomas no pueden vedar los cortes de suministro». El informe aconseja presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de vivienda que tramitó la Asamblea Regional.

Desde la Consejería indicaron ayer que en la comisión bilateral que se celebrará con el Ministerio «el objetivo será consensuar la redacción final de la norma actual y evitar el recurso». También avanzaron que Fomento apostará «por defender a las familias más vulnerables, siempre en el marco de la constitucionalidad y de la ley. La comisión será la que estudie los términos de los artículos afectados».