La Verdad

Un empleado de Sacyr tacha de «escandalosa» su imputación en el fraude del AVE

  • Pablo Damián L. pide para él el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones, porque no es un responsable, sino «un mero administrativo», sin participación en las facturas de las obras reputadas como falsas

Pablo Damián L., empleado de la empresa Sacyr investigado en el presunto fraude de las obras del tren de alta velocidad (AVE) que podría elevarse a 50 millones de euros, ha calificado de "escandalosa" su imputación y ha pedido para él el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones.

En un escrito al juzgado de instrucción de Murcia que investiga los presuntos delitos cometidos en el tramo comprendido entre Crevillente (Alicante) y la capital murciana, su abogado niega que este investigado tenga la calificación laboral de "jefe de administración", como le atribuye la Guardia Civil.

Por el contrario, señala que es "solo un mero administrativo, según convenio, que ni siquiera finalizó sus estudios de bachillerato", y rechaza que tuviera participación alguna en la tramitación de las facturas de las obras reputadas como falsas.

En el escrito, la defensa se remite a lo declarado por su cliente en sede judicial como investigado en septiembre pasado.

"Nuestro defendido -señala- manifestó que se dedicaba a tramitar las facturas y los pagarés que recibía y que la única tramitación que hacía era meramente formal, comprobando que las facturas contuvieran los elementos y requisitos formales exigidos por la ley".

"Y añadió que comprobaba la existencia del correspondiente contrato que las fundamentaba y que era Juan Ortín -subcontratista de las obras- el que le llevaba las facturas, además de exponer que tramitaba miles de pagarés, sin fijarse ni siquiera en las cantidades".

Por otra parte, indicaba que el hecho de que la Guardia Civil lo relacionara con los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales "resultaba escandaloso".

El documento no olvidaba tampoco señalar que era imposible que hubiera intervenido en operación ilícita alguna porque él no comprobaba ninguna medición de las obras ni las cantidades de las facturas, pues su actividad era la meramente formal de su tramitación.

El escrito afirmaba que ni Ortín ni su colaborador, Ángel Custodio L., le atribuyeron nunca participación en los hechos a Pablo Damián L. en las varias declaraciones hechas ante la Benemérita y en el juzgado.

Y añadía que el propio Ortín, el investigado que admitió la emisión de facturas falsas y de otras hinchadas, manifestó una de sus declaraciones que quería "añadir que, en el caso de Pablo Damián, desconocía hasta dónde conocía las alteraciones posteriores en las certificaciones de obra".