La Verdad

La Fiscalía reclama más análisis sobre el agua de la desaladora de Escombreras

Agentes de la Guardia Civil, durante un registro en la desaladora de Escombreras en 2016.
Agentes de la Guardia Civil, durante un registro en la desaladora de Escombreras en 2016. / A. GIL / AGM
  • El Instituto Nacional de Toxicología acredita que los caudales para beber y para regar y la salmuera no son un peligro, pero aconseja hacer nuevas pruebas

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Hay un «aparente buen funcionamiento general del sistema de desalación» en Escombreras. Y aunque el cajón de captación del agua no es el más apto, puesto que se ubica en la dársena portuaria, cuyo lecho marino está contaminado por metales pesados debido al intenso tráfico de buques, la calidad del agua producida para beber y regar cumple los parámetros legales. Tampoco hay daños al ecosistema marino en el vertido de la salmuera generada en la desalación. Pero es aconsejable que las autoridades sanitarias hagan análisis complementarios que permitan descartar, de forma definitiva, la presencia de metales pesados y otras sustancias en niveles peligrosos para la salud y el medio ambiente.

Estas son las principales conclusiones a las que ha llegado el Instituto Nacional de Toxicología, tras analizar durante meses las muestras de agua y de sedimentos marinos recogidas en junio del año pasado por la Guardia Civil en las instalaciones de la desaladora de Escombreras. Durante dos días, los agentes inspeccionaron tanto la planta como las canalizaciones y el entorno portuario por orden de la Fiscalía de Medio Ambiente, que ahora tiene previsto remitir a la Comunidad Autónoma el informe realizado por Toxicología y solicitarle que la Consejería de Sanidad realice nuevos análisis 'in situ'.

Según ha confirmado a 'La Verdad' el fiscal especial de Urbanismo y Medio Ambiente de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, los resultados de las analíticas realizadas por los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (integrado en el Ministerio de Justicia) acreditan que tanto el agua, como la salmuera y los sedimentos cumple los requisitos legales recogidos en las normativas sanitaria y ambiental.

La factoría fue construida por la empresa Hydromanagement, del grupo ACS, y por inversores murcianos. De la explotación y el mantenimiento se encarga otra filial del grupo de Florentino Pérez, Tedagua, aunque la Comunidad la ocupa en régimen de alquiler y terminará de comprarla en el año 2036.

Aunque en varias de las muestras se detectó la presencia de determinadas sustancias potencialmente peligrosas, el índice no era significativo o bien superaba de forma muy escasa el tope legal y se trataba de un episodio puntual.

En un depósito de regulación ubicado en el Monte Calvario, por ejemplo, hubo excesos ocasionales de boro y de cloro libre residual, pero los valores alcanzados no fueron relevantes. Asimismo, hubo algún episodio de anomalías en cuanto al volumen de restos de aceite y de grasas acumulados en un depósito y en zonas de trabajo de la desaladora, debido a un tratamiento insuficiente. Sin embargo, estos fallos no afectaron a la calidad del agua, cuyos niveles siguieron siendo óptimos.

En cuanto a las muestras de agua de mar tomadas en el cajón de captación, que es donde la Fiscalía (sobre la base de varios informes y denuncias) sospechaba que podía haber problemas de contaminación, tampoco se detectaron hidrocarburos, plaguicidas o herbicidas.

En los sedimentos, los especialistas hallaron restos de zinc y de plomo, pero «en valores no preocupantes». Además, la carga química fue tratada de forma adecuada en la desaladora, por lo que el agua producida también fue óptima. En todo caso, por un principio de prudencia, al igual que en lo relativo a la gestión de los residuos de aceite y grasas, Toxicología «considera recomendable que los técnicos de Salud Pública de la Comunidad hagan comprobaciones 'in situ', para descartar la ecotoxicidad», explicó Díaz Manzanera.

Dentro del mensaje de «tranquilidad» lanzado por el Ministerio Público, a la vista de la descripción realizada por los técnicos que auxilian a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente [que tiene su sede en Madrid y con la que se está coordinando], Díaz Manzanera advirtió de que habrá que hacer pruebas de ecotoxicidad si hay un movimiento de los sedimentos como consecuencia de un dragado del fondo marino o por otras causas. En principio, este aspecto no tendrá gran repercusión debido a que la empresa Hydromanagement, del grupo ACS, tiene previsto habilitar este año una nueva toma de agua en aguas exteriores de la dársena.

Sin daños al medio marino

Los problemas podrían surgir si la Fiscalía pide bloquear el uso de esta infraestructura por problemas con las autorizaciones. En concreto, se investiga si no basta con un permiso de la Autoridad Portuaria de Cartagena, sino que es preceptivo el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente.

Sobre la salmuera, no se hallaron sustancias no autorizadas y se cumplió con la autorización de vertido. Los técnicos tomaron muestras de sedimentos junto al emisario a tres, seis y nueve metros de profundidad y concluyeron que no había ninguna afección a las praderas de posidonia y el resto del ecosistema marino. Tampoco hubo «niveles llamativos de ningún contaminante» en los tres difusores de salmuera, si bien es necesario evaluar los parámetros de cloro y trihalometanos.

Otra de las cuestiones que tendrá que evaluar Sanidad, que con carácter general debe «elevar los controles sobre la planta», según el fiscal, será el conjunto de analíticas aportadas por el Ayuntamiento de Cartagena. Los informes reflejan superaciones puntuales y mínimas de los niveles de boro y cloro libre residual, lo que no es problema. Sí podrían serlo algunos índices de legionela ('legionella pneumophila'), que Sanidad tendrá que evaluar sobre el terreno.