La excúpula de Adif conoció en 2014 la existencia del fraude millonario del AVE

Un año antes de que agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil practicaran las primeras detenciones vinculadas a un fraude multimillonario con las obras del AVE a Murcia, en lo que constituyó el arranque de la denominada 'Operación César', la cúpula de la empresa pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) tuvo conocimiento por escrito de la existencia de graves irregularidades en el desarrollo del proyecto. Y a lo largo y ancho de doce meses, los máximos responsables de la Dirección General de Explotación y Construcción de ese organismo se limitaron, en apariencia, a dejar correr el asunto sin mover un músculo para atajar la presunta malversación de fondos públicos. Desde luego, lo que no hicieron fue alertar a las autoridades.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, que coordina la investigación sobre este asunto, tuvo conocimiento de ese revelador dato en fechas muy recientes, el pasado 5 de diciembre. Fue el momento en que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia le remitió los escritos redactados por tres empresas de asistencia y control de obras (ACO), que habían sido contratadas por Adif para certificar que las obras del AVE se estaban realizando conforme a lo previsto. Tres compañías a las que la juez Olga Reverte había requerido para que entregaran cuanta documentación tuvieran a ese respecto.

Aunque las respuestas de dos de esas firmas ACO -la UTE Getinsa SL y Sondeos, Infraestructuras y Geotécnica SA, e Instituto Técnico de Materiales y Construcción SA (Intemac)- no ofrecen datos de especial interés, la revelación ha llegado en un escrito firmado por el consejero delegado de GPO Ingeniería SA. En su contestación al juzgado, el alto directivo expone que el 15 de junio de 2013, uno de sus ingenieros, José Luis M.G.B. concluyó la redacción del informe denominado 'Estado de las obras de reposición de las acequias del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO)'.

El análisis versaba precisamente sobre uno de los principales núcleos de la aparente malversación de fondos públicos, que fue el hilo del que tiraron Aduanas y la Guardia Civil para sacar a la luz el descomunal fraude: el acuerdo suscrito entre Adif y el JPAO para que fuera este último el que coordinara la reposición de acequias y azarbes de la Vega Baja que iban a verse dañadas por el trazado de la línea del AVE a Murcia. El convenio, que establecía que el Juzgado de Aguas se encargaría de realizar las obras y que Adif las abonaría, permitió la constitución de una trama que se dedicaba, supuestamente a hinchar el coste de las obras efectuadas y a facturar por otras que ni siquiera se habían realizado.

Por encima de 17 millones

Pues bien, el ingeniero de la ACO mencionada detectó la existencia de esos manejos y dejó constancia en su informe de que había descubierto partidas infladas por hasta ocho millones de euros y obras que no se habían llegado a ejecutar por hasta seis millones, además de otras irregularidades, hasta sumar más de 17 millones malversados. Unas cantidades que, pese a su evidente falsedad, habían sido facturadas a Adif y abonadas con cargo a las arcas públicas.

De directivo a directivo

La respuesta remitida ahora por la mercantil GPO Ingeniería a la juez Reverte pone de relieve que su empleado, José Luis M.G.B., lo primero que hizo con su informe de junio de 2013 fue «entregar una copia al nuevo jefe de Infraestructuras II de Adif, Raúl Correas García».

No se quedó ahí, ya que dos meses más tarde, en agosto, se reunió con el recién nombrado director de Obra de Adif, Juan Pedro Ruiz Hernández, «a quien informó verbalmente del informe y de su contenido, indicándole que estaba a su disposición en las oficinas de la ACO una copia del mismo».

Las advertencias debieron de caer en saco roto, pues no parece que nadie volviera a interesarse por esa denuncia a lo largo de más de un año. «El 7 de noviembre de 2014, en el marco de una reunión sobre diversos temas entre el director de Proyectos y Construcción de Adif, Javier Gallego, y el director del Área de Construcción de GPO Ingeniería, David F.P., se nos comunica la destitución de Raúl Correas. De la conversación mantenida se deduce el desconocimiento por parte de Javier Gallego de la existencia del informe de la ACO sobre las obras del acuerdo con el Juzgado de Aguas. Se le informa verbalmente de la existencia del mismo y de sus conclusiones y nos pide que le acompañemos inmediatamente a ver al director general de Adif, Antonio Gutiérrez Blanco».

El máximo responsable de Proyectos e Infraestructuras de la empresa pública pareció mostrar en ese instante gran interés por el hallazgo de la ACO, en virtud del relato de la firma GPO Ingeniería. «Se les detalla verbalmente a ambos la existencia del informe, solicitándonos Antonio Gutiérrez Blanco que a la mayor brevedad posible facilitemos una copia en papel de dicho informe», se hace constar en el escrito remitido ahora al juzgado.

«El 11 de noviembre de 2014 procedemos a la entrega en mano a Javier Gallego de una copia en papel del informe sobre 'Expediente de Gasto en la Comunidad de Regantes'». Curiosamente, apenas unos días más tarde, en diciembre, Gutiérrez Blanco presentó su dimisión, cercado por las sospechas que se cernían sobre su persona en el denominado 'caso Yogui', que investigaba otro supuesto fraude millonario en las obras de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona, así como de los problemas causados por unas inundaciones que en poco tiempo habían obligados a suspender dos veces el tramo de Barcelona a Figueras.

Quien le sustituyó como director general fue precisamente Javier Gallego, que hasta el momento había sido su mano derecha y que tenía igual conocimiento de las irregularidades en las obras entre Crevillente y Murcia. Pero la actitud de Adif respecto de ese problema tampoco cambió, en apariencia, pues el velo de silencio no llegó a retirarse, al menos de cara a las autoridades policiales y judiciales.

Facturas falsas

El descubrimiento del presunto fraude se produjo a raíz de una investigación iniciada por Vigilancia Aduanera sobre unas facturas falsas emitidas por un entramado de sociedades fantasma, que habrían servido a la firma murciana Obras Marimar para justificar unos pagos que en realidad no había efectuado. Tirando de ese ramal, ya en colaboración con la Policía Judicial de la Guardia Civil, se llegó a conocer la trama montada en torno al Juzgado de Aguas de Orihuela, que había servido presuntamente para malversar decenas de millones de euros mediante el inflado del coste de las reposiciones de infraestructuras hídricas, o bien directamente a través de la facturación por trabajos que nunca se realizaron.

Un fraude cuyo montante supera ya en estos momentos los 50 millones de euros.

En la denuncia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por la que, en enero de 2015, se procede a abrir diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, se hace constar ya que la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), que es la que con sus investigaciones ha hecho aflorar el fraude en la línea del AVE, ha dejado expresa constancia de que «por parte de Adif no se ha prestado colaboración alguna».

Un portavoz de Adif consultado por 'La Verdad' manifestó que la empresa pública tuvo constancia oficial de la existencia de una investigación judicial en junio de 2015, cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitaron diversa documentación y mantener entrevistas con responsables de Adif, desconociendo cualquier otra circunstancia.

La actual directora general de Adif, Isabel Pardo de Vera, conoció la existencia del informe sobre el fraude del AVE en agosto de 2016, según el escrito de la ACO. Fue ese mes cuando este organismo se personó en el juzgado de Murcia como acusación particular, en calidad de afectado.

Por el momento solo ha sido imputado el jefe de Infraestructuras de la línea de Levante de Adif, ya jubilado, José Luis Martínez Pombo, quien llegó a entrar en prisión.

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