«La corrupción no es inherente al poder; es el resultado de actos individuales inaceptables. Ningún país es inmune»

Después de cuatro informes de evaluación, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) se ha ganado el respeto de los países a los que analiza por el rigor y exhaustividad de sus trabajos. Razón por la cual a veces también genera recelo. Los trabajos de este grupo, creado en 1999 para supervisar la aplicación de las medidas anticorrupción dictadas por el Consejo de Europa, le han supuesto varios tirones de oreja al Gobierno español, el último por la polítización del sistema de elección de los miembros del poder judicial. Su presidente, Marin Mrcela, es magistrado del Tribunal Supremo de Croacia y el jueves visita Murcia para participar en la jornada 'Los retos para una sociedad transparente' que organizan la Universidad de Murcia y el Consejo de la Transparencia de la Región.

-En España la corrupción política es uno de los principales problemas para la sociedad. ¿Ocurre algo similar en algún otro país de Europa?

-Desgraciadamente, ningún país es inmune. Una serie de hechos han situado a la corrupción en primer plano en los últimos años: el aumento de los presupuestos de las campañas electorales, la preocupación por la influencia de decisiones políticas inapropiadas, el aumento de de asuntos de corrupción que afectan a la política y el gobierno y la mayor demanda pública de transparencia política. La corrupción política es particularmente inquietante y perjudicial porque socava la confianza de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos y puede conducir, como hemos visto en algunos países, a aumentar el voto a formaciones extremistas e incluso generar conflictos sociales, políticos y económicos.

-Sin embargo, partidos y políticos relacionados con casos de corrupción se presentan a las elecciones y las ganan. ¿Por qué cree que ocurre?

-Esta es una pregunta que habría que hacer a los que votan por ellos. Estar implicado o relacionado es una cosa y otra estar condenado por delitos de corrupción. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero, de alguna manera, no creo que la mayoría de los votantes tengan estas cuestiones en mente cuando van a las urnas.

-En su informe de 2011 criticaban la opacidad de la financiación de los partidos políticos, sobre todo en el ámbito local. ¿Ha mejorado la situación desde entonces? ¿La financiación de los partidos políticos españoles ha dejado de ser un problema?

Registro de cabilderos

-Se han producido varios acontecimientos importantes en España, lo que ha dado lugar a un proceso cuidadoso en un área que ha sido particularmente propensa a la negligencia. La ley marco evaluada por el GRECO en 2009 se ha modificado desde entonces en dos ocasiones, en 2012 y 2015, con el objetivo de reforzar los requisitos de transparencia, supervisión y ejecución de la financiación de los partidos. En opinión del GRECO, si bien el actual régimen legislativo tiene algunas características válidas para regular mejor este asunto, ahora es esencial que las disposiciones recién aprobadas se apliquen en la práctica. Solo una aplicación eficaz puede dar credibilidad a la reforma legislativa emprendida en los últimos años. Además, debe garantizarse que las fundaciones políticas y las asociaciones no son utilizadas como una vía paralela para la financiación fraudulenta de las actividades y las campañas de los partidos políticos, a pesar de las restricciones y límites que establece la ley.

-Ustedes insisten en pedir al Gobierno de España crear un registro de grupos de presión y regular su actividad. ¿De qué manera influiría eso en la lucha contra la corrupción?

-En España no existe una regulación de las cuestiones que pueden surgir por la interacción de los diputados con los grupos de presión. El resultado de esto es la ausencia de un registro de cabilderos y de toda obligación legal para que los diputados divulguen las consultas que tengan con grupos de interés sobre proyectos legislativos tramitados en el Parlamento. Es importante que haya transparencia en este tipo de trámites para proteger el proceso legislativo de la influencia impropia por parte de grupos de presión o de la mera apariencia de esta. Una mayor transparencia en este sentido solo puede contribuir a fomentar la imagen y la confianza en el Parlamento, así como en los diputados. Soy consciente de que se han dado pasos en España para empezar a regular el cabildeo, pero es demasiado pronto para expresar opiniones sobre ellos.

-El GRECO ha analizado el proceso de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha pedido al Gobierno español que los políticos no tengan nada que ver en ello. ¿Esa situación cuestiona la independencia de todo el sistema judicial?

-En cualquier país, el establecimiento de consejos judiciales tiene por objeto, en general, salvaguardar mejor la independencia del poder judicial, tanto en apariencia como en la práctica. La forma de selección de los miembros del CGPJ ya fue señalada repetidamente como una fuente de preocupación dado que era propensa a la politización. Desde entonces, se han emprendido varias reformas para infundir una mayor transparencia en el funcionamiento del CGPJ y los perfiles de sus miembros clave.

Dicho esto, una reciente encuesta realizada por el CGPJ entre la profesión judicial ofrecía algunas cifras inquietantes. Una sobre todo: el 75% de los encuestados consideraba que el CGPJ no protege suficientemente el principio de independencia judicial. En el mismo sentido, el Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE de 2015 puso de manifiesto que la percepción pública de la independencia judicial en España está en la parte inferior de la Unión Europea. Es en este contexto en el que el GRECO sigue pidiendo a las autoridades españolas que lleven a cabo una evaluación sobre cómo funciona el nuevo sistema en la práctica y si efectivamente ha tenido efectos en la confianza del público en general y de la propia profesión.

-Otro problema grave es la lentitud de la justicia. ¿Es posible luchar contra la corrupción cuando se eternizan los procesos judiciales?

-El dicho 'justicia retrasada es justicia negada' es cierto también en la lucha contra la corrupción. Cuando el sistema judicial es lento, y los plazos de prescripción transcurren, no se puede hacer justicia y las acusaciones de corrupción no se pueden comprobar. Los ciudadanos, por lo tanto, pierden la confianza en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para identificar y castigar a quienes se dedican a actividades corruptas. El resultado es la impunidad. Este problema no es específico de España, sino que afecta, desgraciadamente, a varios países europeos.

Desafecto social

-¿En qué grado ha cumplido hasta ahora España las recomendaciones del GRECO para frenar y prevenir la corrupción política?

-Hasta ahora, y en relación con la cuarta ronda de evaluación del GRECO sobre prevención de la corrupción entre los miembros de parlamentos, jueces y fiscales, la respuesta de España es, en general, insatisfactoria. Esto es probablemente debido a que España ha pasado por un período electoral prolongado, lo que significa que una serie de reformas que habían comenzado no se han completado. A pesar de ello, se han adoptado medidas positivas, como un paquete legislativo para luchar mejor contra la corrupción en 2015 y una nueva ley sobre transparencia en 2013. Volveremos a examinar la situación en un informe sobre la aplicación de las recomendaciones pendientes hasta el 31 de julio de 2017. En cuanto a la criminalización de la corrupción y la financiación de los partidos políticos, que fue el tema de la rercera ronda del GRECO, se han realizado progresos significativos. Ahora es esencial que las disposiciones aprobadas se apliquen en la práctica.

-¿Qué ha contribuido más a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, la crisis económica o la corrupción?

-Las dos. Ambas están, hasta cierto punto, entrelazadas. La corrupción ha sido, al menos en algunos países, el origen de la crisis financiera. La corrupción ha reducido la recaudación de ingresos, ha afectado negativamente a las inversiones extranjeras y al crecimiento, ha socavado los programas de gasto, ha reducido los depósitos bancarios de los ciudadanos y también el crédito al sector privado, dificultó el cobro de la deuda y aumentó el coste y redujo la calidad de las inversiones públicas. La corrupción tiene un efecto importante en el funcionamiento económico y, por lo tanto, no puede disociarse de la crisis financiera y de la falta de confianza en las instituciones públicas.

-Su visita a Murcia el próximo jueves es para participar en las jornadas 'Retos para una sociedad transparente'. ¿Es la transparencia la mejor receta contra la corrupción?

-Sin transparencia no se puede prevenir la corrupción. Una mayor transparencia significa una mayor rendición de cuentas y, por tanto, una mayor confianza de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos. En última instancia, al reforzar la rendición de cuentas, la transparencia es clave para mejorar nuestras democracias.

-El quinto informe de evaluación del GRECO, que iniciarán en 2017, tratará sobre la prevención de la corrupción en los altos cargos de los gobiernos. ¿Cuándo debería dimitir un político vinculado a un caso de corrupción? ¿Cuándo es imputado por la justicia o bien cuando se abra juicio oral contra él? ¿Qué se suele hacer en el resto de países europeos en este caso?

-No se puede generalizar. Esto está muy relacionado con la conciencia individual de cada persona y con las leyes y reglamentos vigentes en cada país. Una cosa es segura: todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Los países tienen diferentes leyes, reglamentos y prácticas a este respecto. En algunos casos, las personas que simplemente son acusadas de un delito, aunque aún no se les haya condenado, son suspendidas de su función o deciden ellas espontáneamente dejarlo. En otros, es necesario que haya una condena. Sin embargo, como todavía no hemos comenzado nuestro quinto ciclo de evaluación, no estoy en condiciones de decirle más.

-¿Qué opina de la puerta giratoria entre la política y la empresa privada?

-Esta es una cuestión delicada que hemos estudiado ampliamente. Prácticamente todos los países miembros del GRECO somos testigos de una creciente interconexión e intercambio entre el sector público y el privado. En este contexto, es fundamental asegurarse de que cualquier conflicto de intereses, real o aparente, se gestiona adecuadamente. No existe un modelo perfecto o un enfoque que sirva para todos los casos. Sin embargo, hay algunos principios básicos: Asegurar que la información obtenida en el servicio público no es mal utilizada; que el ejercicio de la autoridad por parte de un funcionario público no esté influenciado por el enriquecimiento personal, o incluso por la esperanza o expectativas de un empleo futuro, y que el acceso y los contactos de los funcionarios, tanto actuales como antiguos, no se utilicen para que otros obtengan beneficios injustificados. Éstas son reglas simples, casi de sentido común, que cuando se aplican hacen que la relación entre los sectores público y privado sea más saludable, más fuerte y más digna de confianza.

Delito y sanción

-¿Es posible acabar con la corrupción o es algo inherente al poder político?

-No creo que la corrupción sea inherente al poder político, sino el resultado de comportamientos individuales inaceptables. La corrupción debe ser prevenida, identificada y sancionada. No debe volverse sistémica y amenazar al Estado en su conjunto. Sabemos que la corrupción ha existido desde la antigüedad. Con el tiempo, las costumbres, así como las circunstancias históricas y geográficas, han cambiado mucho la sensibilidad pública hacia la corrupción, así como la importancia y la atención que se le presta. En la sociedad actual, la corrupción es un grave delito contra la confianza del público en la honradez e imparcialidad de la administración y es ampliamente rechazada.

-¿Hay algún factor cultural en la corrupción? ¿Hay países o culturas más propensos a la corrupción?

-No, no lo creo. Esta es una idea simplista. La cultura es demasiado importante para asociarse con la corrupción. Este es un fenómeno que puede aparecer en todas partes. Como he dicho antes, ningún país es inmune. La corrupción es como el virus que vive en un cuerpo y comienza a causar problemas cuando el organismo es débil y no hay medicina eficaz. La corrupción es ante todo una cuestión de ética, y, en segundo lugar, es un delito y como tal debe ser tratado.

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