Sánchez en un campo de minas

Gobernar la Región de Murcia estando bajo sospecha -con cuatro indicios penales y una pieza separada que abre una derivada inquietante sobre el destino de parte del dinero- resulta muy complicado y nada recomendable. Para empezar, el daño a la imagen de la Región ya es palpable. Pedro Antonio Sánchez lleva dos años y medio bajo el foco del 'Auditorio', cuya intensidad se ha solapado a su labor de gobierno conforme se sucedían los hitos judiciales hasta provocar una ceguera política. Más días que menos se le preguntaba en ruedas de prensa y entrevistas, colocándole delante del espejo de su pacto con Ciudadanos y de sus compromisos con la regeneración. El auto de ayer cayó como fruta madura, y los efectos colaterales se intuyen abrumadores, hasta el punto de que podrían abocar a la Región a un escenario de vértigo que abonaría el terreno para una crisis que nadie desea.

'Pillado' por el pacto con C's

Los acontecimientos políticos pueden precipitarse. Sánchez se queda debilitado en su labor de Gobierno y ante los ciudadanos. En el caso más probable tendrá que visitar el juzgado para dar explicaciones y, como él dice, aclarar todo el asunto para tratar de demostrar que no se ha desviado un euro y que pudo haber «errores» administrativos, según su argumentario. Su tesis de que sufre un acoso político en los juzgados se queda desnortada en este caso por la iniciativa de la Fiscalía y el propio auto de la juez de Lorca, que va más allá incluso del relato del Ministerio Fiscal. Si está tan convencido de que todo fue legal y que no se desvió dinero, ¿por qué no se desprendió de su aforamiento para declarar de 'motu proprio' antes de que la juez se dirigiera al TSJ?

Ojalá demuestre que no hubo ilegalidades. Lo que ocurre es que el 'cortafuegos' de sus responsabilidades políticas está colocado justo antes de que se produzca su declaración -si el TSJ decide investigarle- y no después. En este asunto, el pacto con Ciudadanos que le permitió acceder a la presidencia de la Comunidad sobrevuela sobre la presunción de inocencia. Son dos planos distintos, cortados por esa viga maestra de la regeneración a la que se abrazaron todos los partidos políticos.

Compaginar el trance judicial con la presidencia de la Comunidad y la secretaría general del PP sería como atravesar un campo de minas. Más todavía si se cruza por el camino la pieza separada sobre el destino de la subvención para construir el auditorio; así como la investigación de la 'trama Púnica', a expensas de lo que decida el magistrado Eloy Velasco. Esto se produce cuando toca renovar la plaza del fiscal superior del TSJ de la Región. Manuel López Bernal inició la causa en el verano del 2014 -la instrucción la llevó Díaz Manzanera- y está por ver si repite en el cargo o nombran a otro fiscal jefe.

Gobernar sin lastres

A resultas de lo que decida el TSJ, el presidente tendría encima una pesada carga que lastraría su acción de gobierno puertas adentro y también en los despachos de Madrid, donde se instalaría la incomodidad de los ministros que tienen mucho que ver con los problemas y proyectos pendientes de resolver en la Región de Murcia. El mismo embarazo podrían mostrar los interlocutores institucionales, sociales y económicos murcianos. La eficacia de su labor resultaría muy comprometida si confluyen su imputación con su intento de mantenerse en el cargo, con la más que probable moción de censura de la oposición.

¿Y si 'regresa' Valcárcel?

De cara a su partido, Sánchez queda tocado. Para empezar, será uno de los ponentes en el congreso nacional del PP de febrero. ¿Y qué decir del congreso regional de abril, en el que Sánchez está llamado a convertirse en el próximo presidente orgánico en sustitución de Valcárcel? Sus posibilidades quedarían anuladas con una investigación a cuestas. No sería descabellado que su mentor mantenga las riendas del partido para evitar el caos. Los críticos y descontentos pueden rebelarse y pedir cuentas por el diseño que hicieron Valcárcel y Sánchez. Este fue candidato y luego presidente cuando se sabía que la Fiscalía ya estaba investigando el auditorio para presentar una querella. Es un riesgo que asumieron -exponiendo indirectamente a la Región-, y la onda expansiva se puede volver en contra.

El PP ha ido dejando por el camino muchos cadáveres políticos imputados (Juan Carlos Ruiz, Cámara, Bascuñana y Cerdá), y a PAS le pueden aplicar la misma doctrina. Dijo ayer que «hay que ser serios y no adelantarse a futuribles». Ese futuro -perfecto o imperfecto- está a la vuelta de la esquina.

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