La fiscal: «Las grabaciones acreditan el carácter violento de estos policías»

El 'caso Cala Cortina', por el que cinco policías nacionales de Cartagena están acusados de la detención ilegal y del asesinato de un vecino del barrio de Las Seiscientas, Diego Pérez, está listo para que se celebre juicio por el procedimiento del jurado popular. Así lo afirmó ayer la representante del Ministerio Fiscal durante la audiencia preliminar que la Ley del Jurado obliga y que se celebró en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, que ha impulsado estas diligencias desde hace casi tres años.

La fiscal sostuvo durante esta vista que la investigación ha permitido confirmar los indicios sobre ambos presuntos delitos (asesinato y detención ilegal) y recordó que tanto las acusaciones privadas como la pública y las defensas ya han formulado sus escritos de calificación -el Ministerio Público pide 20 años de prisión para cada uno de los agentes-, por lo que solo queda enviar las actuaciones a la Audiencia Provincial para que señale la fecha del juicio.

Las defensas de los policías nacionales mostraron su oposición y consideraron que quedan por practicar algunas pruebas que podrían resultar de gran valor. Especialmente beligerante en este aspecto se mostraron los letrados Raúl Pardo-Geijo Ruiz y Mariano Bo, quienes insistieron en que era necesario reclamar las grabaciones de las cámaras de vídeo ubicadas en las llamadas 'baterías de la costa'. Ambos consideraron que esas imágenes podrían llegar a demostrar que los agentes no tuvieron intervención alguna en la muerte y desaparición del cadáver de Diego Pérez. Lo mismo señalaron respecto de la petición a las compañías telefónicas para que aporten el dato de las llamadas que la noche de autos se efectuaron desde la zona de Cala Cortina, los usuarios que las hicieron y los cruces de llamadas que se produjeron entre todos ellos.

La magistrada Emilia Ros rechazó las peticiones de las defensas, alegando que se han practicado ya todas las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que las reclamadas por los abogados serían «reiterativas».

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Otro motivo de discrepancia entre la fiscal y las defensas, principalmente con Pardo-Geijo, se centró en si el juicio debe celebrarse por jurado popular. La representante del Ministerio Público insistió en que la ley obliga a que así sea cuando lo que se va a juzgar es un presunto delito de asesinato, como es el caso, pero el letrado afirmó que la única salida posible para este asunto era el sobreseimiento.

Será la juez quien en próximas fechas resuelva la controversia, aunque todo apunta a que dictará auto de apertura de juicio.

Por último, los abogados de los policías se enzarzaron nuevamente con las acusaciones a cuenta de las grabaciones que se realizaron, en los primeros momentos de la investigación, en algunos coches patrulla y también de las conversaciones telefónicas entre los sospechosos. Esta prueba fue impugnada por las defensas, aduciendo que muchos de los hechos que traslucían de esas grabaciones nada tenían que ver con el asunto concreto de 'Cala Cortina', que la única voluntad de las acusaciones respecto de esa prueba era demostrar «la presunta malicia» de los agentes encausados y que «solo servirían para confundir al jurado popular y crear una opinión anticipada sobre la personalidad de los policías».

La fiscal respondió que ese acto no era el momento procesal oportuno para valorar «ni la sensibilidad ni el contenido de los medios de prueba propuestos», lo cual -afirmó- no le impedía reconocer que esas grabaciones «resultan relevantes a la hora de acreditar el carácter violento (de esos agentes) y las actuaciones al margen de la ley en las que incurrían». Con estas manifestaciones, la representante del Ministerio Público se refería a las escuchas que desvelan presuntas agresiones de algún policías a ciudadanos, entre otros supuestos actos de apariencia ilícita.

Buena parte de la jornada se dedicó a cotejar que el contenido de esas grabaciones se correspondía fielmente con la transcripción que se había realizado.

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