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El socialista Martínez Baños, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, ayer.
El PSOE amenaza con recurrir la ley de simplificación administrativa

El PSOE amenaza con recurrir la ley de simplificación administrativa

La Asamblea aprueba la norma pese a que los socialistas dicen que es una «chapuza» en materia de ruidos y pretenden llevarla al Constitucional

Gregorio Mármol

Viernes, 18 de noviembre 2016, 01:24

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El PSOE sopesa recurrir, por inconstitucional, la ley de simplificación administrativa para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo, que el PP sacó adelante ayer en el Pleno de la Asamblea Regional gracias al apoyo de Ciudadanos.

La nueva norma desarrolla el decreto aprobado en abril por el Gobierno murciano, convalidado un mes después por la Asamblea con el acuerdo de tramitarlo como proyecto de ley para abrirlo a la evaluación y las propuestas de mejora por parte de los cuatro grupos parlamentarios.

El diputado popular Marcos Ortuño destacó que la ley para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberación y de la supresión de cargas burocráticas es una «apuesta por la libertad económica», que beneficia principalmente a empresarios y profesionales autónomos debido a la reducción de los trámites necesarios para poner en marcha una actividad. Nueve de cada diez nuevos proyectos podrán iniciar su andadura un día después de presentar la declaración responsable. «No tendremos una rebaja de la seguridad jurídica, pues habrá más mecanismos de inspección», aseguró Ortuño ante las dudas de los diputados de la oposición. En su opinión, el nuevo marco normativo beneficiará a doce mil empresas y permitirá crear unos cinco mil puestos de trabajo, ya que hará de la Región un lugar atractivo para los inversores.

El socialista Alfonso Martínez Baños insistió en las dudas legales que genera la nueva ley autonómica, que calificó como «chapuza». En su opinión, supone una desregulación en materias de medio ambiente, sanidad y seguridad pública, «razones suficientes para que el Tribunal Constitucional la rectifique».

Martínez Baños destacó la eliminación de los artículos que regulan el ruido máximo en bares y discotecas, por lo que vaticinó multitud de conflictos y un empeoramiento de la calidad de vida de los murcianos. Durante el debate defendió que la regulación ambiental y la protección de la salud pública nunca deben entenderse como una carga burocrática, sino como un deber constitucional.

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