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El juzgado advirtió hace un mes de que la seguridad en el CIE era «deficiente»

El informe elaborado por el órgano judicial que controla el Centro de Extranjeros también alertó de carencias en la atención sanitaria

Jorge García Badía

Miércoles, 16 de noviembre 2016, 01:46

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Primero fue la ONG Convivir sin Racismo la que denunció la falta de medios del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde. Después, el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y el último en hacerlo ha sido el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia. Este órgano ejerce las funciones de control jurisdiccional del CIE y ha emitido un informe, al que ha tenido acceso 'La Verdad', en el que enumera un listado de deficiencias en las áreas de seguridad, atención sanitaria, organización...

El documento ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial, a la Delegación del Gobierno y a la dirección del CIE solicitándoles que las carencias sean «inmediatamente subsanadas», con el objetivo de que «se proceda al cumplimiento del Reglamento de Extranjería en materia social, sanitaria, jurídica y de seguridad». El dosier fue redactado tras una visita a las instalaciones por la titular del juzgado, Olga Reverte, a raíz del motín registrado el 5 de octubre, que se saldó con la fuga de 67 internos y cinco policías nacionales heridos.

La juez alerta de que «el personal de seguridad es manifiestamente deficiente» y abunda en este capítulo al subrayar la necesidad de «reforzar la seguridad del centro». Pone como ejemplos de zonas sensibles el vallado exterior y las puertas del comedor. Reverte emitió estas conclusiones el 19 de octubre y el tiempo le ha dado la razón, porque con posterioridad se han producido dos nuevas revueltas. La del 31 de octubre se saldó con cinco 'sin papeles' huidos, y la del lunes pasado acabó con nueve policías nacionales apaleados y nueve fugados.

Una de las recomendaciones del informe consiste en «conservar las grabaciones de circuito cerrado», lo cual permitiría identificar a los amotinados, teniendo en cuenta que las tres últimas revueltas han sido organizadas hasta el último detalle por los inmigrantes. De hecho, la Delegación del Gobierno confirmó ayer que el motín del lunes se inició después de que los internos fingiesen una pelea en una de las dos salas de ocio.

Atacaron con porras caseras

Cuando varios policías nacionales acudieron a disolver el tumulto, un grupo de inmigrantes les atacó con porras caseras, que habían fabricado con barras de los aparatos de aire acondicionado. Otro grupo se dedicó a prender fuego a papeles, cartones y camisetas. El humo apenas permitía ver nada en la sala y treinta internos trataron de escapar.

Unos inmigrantes se desperdigaron por el patio, otros trataron de saltar la valla y algunos lo lograron y se escondieron por los bancales cercanos, pero la labor policial permitió rebajar la cifra de fugados a solo nueve argelinos, que ayer seguían en busca y captura. Más allá de los hechos ocurridos en el último motín, y que dan la razón al Juzgado de Instrucción número 9, lo cierto es que el informe también señala otras deficiencias relativas a la atención sanitaria, al recordar que no se garantiza una cobertura 'in situ' las 24 horas.

De lunes a sábado, por las mañanas hay una doctora y una enfermera, pero por las tardes la atención se reduce a una enfermera. Y por las noches y en domingos y festivos, no hay personal médico y se depende por completo del 112. Todo ello pese al precepto que establece que «el control de salud de los internos constituye un deber fundamental».

Intérpretes telefónicos

La juez también recuerda al Ejecutivo central que el servicio médico lo presta una empresa privada en contra del artículo 14 del reglamento de los CIE, que establece que «en cada centro existirá un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración del Estado».

En el capítulo de servicios continúa reprochando que se debe garantizar el «acceso inmediato» a traductores, pero «no existen intérpretes fijos» en el CIE de Sangonera. Una vez más, el servicio de traducción está externalizado a una empresa, «que presta servicios incluso por teléfono, sin que existan uno o varios intérpretes asignados al centro con carácter diario». La magistrada también aprecia que es mejorable la organización y las medidas de higiene de algunos espacios. «Las habitaciones están cerradas con cerrojo y candado, debiendo sustituirse por un sistema eléctrico automatizado con el fin de agilizar un desalojo en caso de urgencia».

Además, considera que hay que «mejorar las instalaciones en los aseos de los salones y espacios comunes», así como incluir en la rutina horaria «una salida nocturna a los aseos», porque las habitaciones donde duermen los inmigrantes no están equipadas con un WC.

Tampoco ve con buenos ojos la distribución de los internos: «No están separados los condenados o con antecedentes penales de los que se encuentran internos únicamente por infracción de la ley de Extranjería». Como guinda detecta que los inmigrantes apenas disponen de material de ocio para pasar el tiempo y que el servicio de comida no incluye almuerzo ni merienda.

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