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El funcionario acusado.
«Quería tomar café con la intención de tener sexo para no archivar los papeles»

«Quería tomar café con la intención de tener sexo para no archivar los papeles»

El fiscal solicita penas de ocho años de cárcel al funcionario del Registro Civil acusado de pedir favores sexuales a inmigrantes por tramitar sus expedientes

Jorge García Badía

Jueves, 10 de noviembre 2016, 01:44

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La escena no desentomaría en 'Torrente', la saga cinematográfica del policía corrupto que encarna Santiago Segura, pero de cómica no tiene nada porque ocurrió en el Registro Civil de Murcia. En la grabación tomada con una cámara oculta situada a las espaldas del funcionario Franciso S., se aprecia cómo un matrimonio llega a su mesa para que la mujer inicie un expediente de nacionalidad por residencia en España. Pasados unos segundos, el marido se ausenta de la sala y Francisco se levanta como si fuese a por un documento, pero al pasar al lado de la silla de la usuaria, disimuladamente, clava sus ojos en su tanga. «Me dijo qué lindas braguitas tienes», relató ayer a la Audiencia Provincial la protagonista de este vídeo filmado el 24 de febrero de 2010.

Prosigue la secuencia y el empleado público vuelve a su mesa y le acerca el bolígrafo al escote para tratar de bajárselo. «Me quiso poner una mano en el pecho». Los vídeos se visualizaron ayer durante la continuación del juicio contra Francisco S., funcionario del Registro Civil acusado de solicitar favores sexuales a inmigrantes a cambio de tramitar sus solicitudes de nacionalidad.

En la sesión se pudo comprobar cómo el acusado no se cortaba ni en presencia de otros compañeros, ya que esta misma mujer aparecía en otra grabación en la que, tras volver a entrevistarse con Francisco, este se levanta de la silla y al pasar por su lado le agarra un seno. Al final del encuentro, le extiende educadamente la mano para despedirse del acusado, pero este aprovecha para tirar de ella y estamparle un beso en la boca. Cinco mujeres, tres suramericanas y dos marroquíes, fueron relatando pormenorizadamente a la Sala cómo 'tramitaba' este funcionario sus permisos.

Todas las testigos confirmaron al fiscal que el supuesto 'modus operandi' del funcionario siempre era el mismo: en la primera entrevista para iniciar el trámite de nacionalidad, fotocopiaba el NIE de las inmigrantes y les pedía su teléfono móvil. Cuando tenía sus datos personales las llamaba «constantemente» para citarlas al Registro Civil los sábados y domingos. También les preguntaban si querían tomar café a solas. «Él quería tomar café conmigo con la intención de acceder a tener sexo para no archivar los papeles», afirmó otra testigo suramericana. «Me decía que si aceptaba su propuesta, los papeles avanzaban o si no los archivaba». Esta mujer aseguró que «llegó a presentarse en mi casa».

Abierto a los tríos

Esas llamadas también las sufrió presuntamente otra compatriota que necesitaba unos papeles porque estaba haciendo el MIR en Murcia. «Me preguntaba si tenía pareja, le dije que no, que compartía piso y me dijo: 'también puedes decirle a tu amiga que se sume'». Esta doctora jamás accedió a quedar con el funcionario para tomar algo. «Me decía que si yo quería podíamos agilizar las cosas». Las presuntas propuestas sexuales se tornaron en amenazas a una mujer marroquí, según denunció ayer: «Me dijo que si no le seguía el rollo me iba a poner preguntas difíciles en el examen de nacionalidad».

Otra compatriota que quería tramitar los papeles de su hijo precisó que en las entrevistas «me invitaba a desnudarme y tocarme». Incluso detalló que un día se tropezó a Francisco en un hipermercado y «quiso besarme en la boca por la fuerza y delante de mi hijo». Todas las mujeres reconocieron en la sesión que nunca llegaron a ser penetradas, pero tuvieron que aguantar las presuntas manos largas de Francisco, al que no denunciaban «por miedo» a que no tramitase sus expedientes.

Tras escuchar a las testigos, el fiscal solicitó 3 años de cárcel por el delito continuado de abuso en el ejercicio de su función; inhabilitación especial para empleo público y penas que sumaban 5 años de prisión por el delito de abuso sexual. También estableció indemnizaciones para cuatro de las víctimas por importe de 19.000 euros. La defensa de Francisco S. reclamó su absolución y el abogado del Estado se opuso a indemnizar porque no hay pruebas del daño moral.

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