Los trámites pueden retrasar dos años la tubería antivertidos al Mar Menor

Los planes del Gobierno regional para garantizar a partir de este otoño una alternativa al vertido al Mar Menor de las aguas agrícolas cargadas de nitratos, mediante su tratamiento previo en filtros verdes y otros métodos y su desvío al Mediterráneo, pueden ir para largo. A la investigación de la Fiscalía por un presunto delito en la construcción de una tubería (aún no acabada), sin un estudio de impacto ambiental previo, se une el hecho de que el vertido al mar 'mayor' del caudal que llega a la rambla del Albujón desde los campos de cultivo depende de una infraestructura que el Ayuntamiento de Cartagena teme no tener legalizada hasta dentro de dos años. Se trata del emisario submarino de Cabo de Palos, que funciona como aliviadero de la depuradora de aguas residuales.

El sellado por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de la red de salmueroductos que une la rambla con el Mediterráneo a través de San Pedro del Pinatar; y la negativa de la Mancomunidad de Canales del Taibilla a ceder su emisario, porque lo usan los ayuntamientos de esa localidad y de San Javier por fallos en sus saneamientos, llevaron a la Consejería de Medio Ambiente a proyectar una canalización al sur de la ribera.

El departamento que dirige Adela Martínez-Cachá adoptó esta solución, de acuerdo con la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y con la de Arco Sur. Esta última aceptó enlazar la tubería (de cuatro kilómetros y que cuesta 1,7 millones de euros) con la red por la que ella distribuye el agua a sus asociados, previa extracción en pozos legales y paso por una desalobradora para reducir el alto contenido en sal.

Además de que las obras fueron iniciadas por la vía de urgencia [la Fiscalía analiza entre otras cosas si es ilegal carecer de la licencia urbanística del Ayuntamiento], el problema es que este plan exigía la utilización de una instalación municipal de Cartagena que funciona con un permiso para un uso distinto al previsto y que, además, lleva años caducado.

Un portavoz del alcalde y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, José López, aseguró ayer a 'La Verdad' que los técnicos de su departamento advirtieron, sin éxito, a la Consejería y a los agricultores de que esa estrategia implicaba el «riesgo» de no poder poner en marcha la tubería hasta pasados dos años. El motivo es que habría que «afrontar una compleja tramitación ambiental», ante la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Medio Ambiente, del que precisamente dependen tanto la CHS como el Taibilla. Una de las cuestiones que habría que estudiar, según fuentes municipales, es el impacto en las praderas de posidonia oceánica.

«La Consejería nos ha dado diez días para iniciar la legalización, algo imposible. Es lamentable que tras hacer la vista gorda durante años, ahora haga tuberías con precipitación y a sabiendas de que no sirven para nada. Es otro engaño a la ciudadanía y a los agricultores», dijo el concejal de Calidad de Vida, Francisco Calderón. La Consejería no dio su versión.

Mareas y posidonia, 6 meses

Ayer, López advirtió de que hasta mediados de 2017 no podrá pedir la autorización de vertidos al mar y la concesión administrativa del dominio público marítimo-terrestre. La Junta de Gobierno Local aprobó destinar 73.000 euros para contratar a una empresa que, durante seis meses, estudie el comportamiento de las mareas y posibles daños a la posidonia.

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