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Cámara, ayer, flanqueado por los letrados Mariano Bó, José María Caballero y Vicente Sanmartín.
Cámara niega que interviniera en la venta de terrenos de sus suegros

Cámara niega que interviniera en la venta de terrenos de sus suegros

El exalcalde de Murcia confía en una «pronta resolución» del caso y defiende que todo se hizo «con arreglo a la ley»

EP

Viernes, 28 de octubre 2016, 01:59

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El que fue alcalde de Murcia durante dos décadas, Miguel Ángel Cámara, defendió ayer que no intervino ni participó en la venta de unos terrenos de sus suegros, ya que estos no le pertenecían. Además, afirmó que la tramitación administrativa de la solicitud del plan parcial se realizó «con arreglo a lo establecido en la legislación». Así lo manifestó en la declaración que prestó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, que lo había citado en calidad de investigado (imputado) para aclarar si pudo favorecer a sus suegros e, indirectamente, a sí mismo, con la venta de una finca en Baños y Mendigo.

En concreto, la venta se refería a algo menos del 10% del terreno de una actuación urbanística, que ascendía aproximadamente a 107.000 metros cuadrados y que le sirvió a los suegros de Cámara para percibir dos millones de euros. La intervención del entonces alcalde, explicó, fue «como un concejal más, en la Junta de Gobierno, en la aprobación inicial de un plan parcial que, a día de hoy, está en tramitación y aún no está aprobado». A su salida de los juzgados, acompañado de los abogados José María Caballero y Vicente Sanmartín, el exregidor explicó que había contestado a todo lo que se le requirió, y mostró su deseo de que todo este proceso «se aclare se termine cuanto antes mejor».

Por su parte, el letrado Mariano Bó, que ejerce la defensa del suegro de Cámara, explicó que su cliente contestó a todas las preguntas tanto del fiscal como del juez. A su juicio, la actuación está prescrita, ya que su intervención acaba cuanto «concluye la compra de la finca, en 2006».

Según el letrado, el suegro de Cámara respondió con «sinceridad y aportará toda la documentación» que tenga en su poder. Bó insistió en que «no tuvo nada que ver en los planes urbanísticos. Se pagó un precio absolutamente normal, un precio inferior al de expropiación: 18 euros/m2». Por ello anunció que pedirá el sobreseimiento, porque «sólo participó en la venta de una finca familiar que ya tenía su calificación y de la que le pertenecía el 10%, ya que era de toda la familia».

En el auto de imputación, el juez explicó que T.M.B. y F.B.P., suegros de Cámara, tenían en el año 2006 una finca en la pedanía murciana de Baños y Mendigo, que quedó incluida en una actuación urbanística. Su venta supuso unas plusvalías «muy elevadas», con el consiguiente enriquecimiento para sus vendedores.

Esta operación, según el instructor, viene a enlazar con la investigación patrimonial del grupo familiar de Cámara, que «ofrece incrementos constantes a lo largo de los años». Y añade en su escrito que una de las posibles explicaciones de este aumento sería la «entrega de dinero por los vendedores a la esposa de Cámara, a una cuenta común con el entonces alcalde o a la que tenía acceso el mismo». El juez explica que de lo que se trata es de determinar es si el entonces alcalde se sirvió de su cargo público «para favorecer a los familiares directos de su esposa y, a la postre, también a sí mismo».

Informes tributarios

A su juicio, los indicios recabados, sustentados en los informes de la Agencia Tributaria e información exhaustiva de carácter bancario, «dan lugar a seguir esclareciendo lo ocurrido». Se trata, añade, de hechos que «se cristalizan en la compraventa de las fincas, reportando grandes beneficios a sus vendedores».

Tales circunstancias, en las que se encuentran inmersos no solo vendedores y compradores, sino el alcalde -familiar de los vendedores-, podrían ser constitutivas de delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación y cohecho, según el auto.

Respecto de la parte compradora, el juez valora como «acertada» la petición del Ministerio Fiscal referida a los administradores de Programa 2010 SL, por cuanto son los realmente promotores de la actuación al presentar esa sociedad el Plan Parcial (urbanizadores), «al margen de que existan otros compradores en forma de sociedades que implicaban intereses de otros personajes relevantes que ya fueron investigados en la causa principal».

Cuando el juez Castillejos decidió levantar el secreto de la pieza íntegra del patrimonio del entonces alcalde de Murcia dio a conocer esta operación de compraventa de unos terrenos, en Baños y Mendigo, que relacionaban a familiares del regidor con el exjefe de Planteamiento Urbanístico Joaquín Peñalver, imputado en el caso 'Umbra' y en el caso 'Barraca', de presunta corrupción urbanística. El auto señalaba que en esta operación comercial «el dinero, que multiplica y mucho el valor de las fincas, revirtió en una cuenta del matrimonio del alcalde».

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