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C's achaca a la «trama» de Valcárcel el «negocio ruinoso» de la planta

El diputado socialista Jesús Navarro propone que la Comunidad compre las instalaciones «porque son viables y necesarias» para el campo

Gregorio Mármol

Jueves, 27 de octubre 2016, 01:40

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Aunque ya hay en marcha cuatro investigaciones judiciales por la desaladora de Escombreras, el portavoz de Ciudadanos (C's) Miguel Sánchez, propondrá remitir a la Fiscalía las conclusiones de la comisión parlamentaria que investiga en la Asamblea la construcción y puesta en marcha de esa planta hace una década. El diputado entiende que el trabajo parlamentario arroja como gran conclusión la existencia de «una trama para cambiar el modelo socioeoconómico» regional y apunta al expresidente Ramón Luis Valcárcel como su responsable.

Sánchez, que preside dicha comisión, se refirió a Valcárcel como «ideólogo» de una planta que es un «negocio ruinoso» para los murcianos. También señaló al exconsejero Antonio Cerdá como «brazo ejecutor» de este proyecto, que él cree que perseguía recalificar 180 millones de metros cuadrados de suelo para nuevas viviendas.

Otra conclusión de C's es que el Gobierno de Valcárcel creó el Ente Público de Agua (EPA) para suplantar el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre disponibilidad de agua para nuevas urbanizaciones. La planta fue promovida a través de un entramado de empresas, que firmaron contratos de gestión y arrendamiento con el Gobierno regional que contenían «cláusulas leoninas» que «beneficiaban claramente» a sociedades privadas y perjudicaban al erario. Los contratos, destacó Sánchez, se firmaron de espaldas a los servicios jurídicos.

C's llega a conclusiones parecidas a las de Podemos y PSOE. Este último partido reclamó, además, un acuerdo con el grupo ACS para adquirir la planta. Según el diputado Jesús Navarro, su coste real es de 140 millones de euros y destacó que «puede ser viable y muy necesaria para uso agrícola».

Tras registrar sus conclusiones, los portavoces de los cuatro grupos políticos en la comisión se reunirán en quince días para intentar consensuar una resolución final que, en caso de no lograr, deberá ser aprobada por mayoría incorporando el voto particular del partido que disienta del resto. Ese documento se remitirá al Pleno de la Asamblea para su aprobación y después al Consejo de Gobierno.

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