La Verdad

El Tribunal de Cuentas pide la identidad de los antiguos consejeros de la desaladora

  • Solicita el domicilio y el DNI de una veintena de altos y ex altos cargos, entre ellos, Antonio Cerdá, Ródenas y el delegado del Gobierno

El instructor designado por el Tribunal de Cuentas para investigar si hubo responsabilidades contables en la desaladora de Escombreras, promovida por el Gobierno regional, ha solicitado las identidades de los altos cargos que formaron parte, entre los años 2006 y 2010, de los consejos de administración del Ente Público del Agua (EPA) y de la sociedad instrumental Hidronostrum.

Con este propósito se ha dirigido a la Comunidad Autónoma para que informe sobre los DNI y el domicilio actual de los miembros integrantes de los consejos de administración del ente y de la empresa pública que se constituyó al efecto para la compra de las acciones de la desaladora al grupo ACS. Se trata de una veintena de ex altos cargos de la etapa de Valcárcel, cuando se impulsó este proyecto. Algunos siguen en ejercicio, ocupando otros puestos en la Comunidad y en la Administración estatal.

Una larga lista

El Tribunal de Cuentas abrió diligencias antes del verano para determinar si hubo responsabilidades contables, a la vista de tres indicios de presuntos daños a las arcas públicas que fueron señalados por el informe de fiscalización de la Intervención General de la Comunidad. Ahora solicita la identidad de todos los miembros de ambos consejos de administración, bien para notificarles las diligencias que les puedan afectar o para ser citados a declarar, según los casos. El instructor puede seguir adelante o archivar la causa una vez que examine toda la documentación.

En la relación se encuentra el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que ocupó la presidencia de ambos consejos. Figura asimismo el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, quien perteneció al Consejo del EPA en el año 2007, cuando ocupó una dirección general de la Comunidad. También está incluido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, entonces director general del Agua.

El Consejo de Administración del EPA se constituyó en noviembre de 2006 con la integración de altos cargos de la Comunidad. Además de Cerdá estaba de vicepresidente Juan José Beltrán, entonces secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda. Como vocales figuraban los directores generales de Administración Local, Diego Cola; de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; del Agua, Miguel Angel Ródenas; de Obras Públicas, Diego Pardo, y de Turismo, José Manuel Ferrer; así como el alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya, en representación de la Federación de Municipios.

Un año después, Beltrán fue sustituido por Isabel Martínez Conesa. También hubo relevo entre los vocales y entraron José María Bernabé Tomás (actual secretario general de la CHS), Antonio Sergio Sanchez-Solís de Querol y Pablo Fernández Abellán, según figura en las actas. Como secretario estaba el abogado Andrés Arnaldos Cascales.

El Consejo de Administración de Hidronostrum se constituyó en el año 2007 con Antonio Cerdá, siendo gerente Amalio Garrido Escudero. Como vocales estaban Juan José Beltrán Valcárcel, Diego Manuel Pardo Domínguez, Miguel Ángel Ródenas Cañada y Diego Cola Palao. La secretaria fue María Antonieta Fernández Cano. Posteriormente, en el año 2010 figuraban María Dolores Gomariz Marín, José María Bernabé Tomás, Miguel Ángel Ródenas Cañada y Juan Antonio Morales Rodríguez. El secretario fue Andrés Arnaldos.

Impacto en las arcas públicas

Hubo vocales que no estaban en el detalle de las decisiones que se tomaron. El hecho de que las actuaciones previas alcancen hasta el año 2010 se debe a que fue en ese ejercicio cuando se compró el 49% restante de las acciones de la desaladora, mucho antes del plazo inicialmente establecido, que es una de las supuestas irregularidades que se investigan y que no han prescrito.

La adquisición de todas las acciones hizo que los representantes de ACS y sus socios murcianos quedaran al margen del devenir de la desaladora. Pasaron a convertirse en acreedores del Ente Público del Agua, que no pudo pagar el contrato de arrendamiento, por lo que la responsabilidad recayó en las arcas de la Comunidad.