La Verdad

La Audiencia avala la pieza separada de corrupción por el 'caso Roblecillo'

  • Un imputado pidió que se anulara el auto por el que el juez de instrucción abrió esa investigación sobre una recalificación en Caravaca de la Cruz

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de un imputado en el caso de presunta corrupción de El Roblecillo, que investiga la aprobación de un plan que permitía construir miles de viviendas y un campo de golf en terrenos protegidos medioambientalmente de Caravaca de la Cruz.

En un auto, el tribunal rechaza el recurso de Antonio Alcázar, que era jefe de sección de Urbanismo de la Dirección General de la Vivienda de la Comunidad Autónoma cuando ocurrieron los hechos que se investigan. A su iniciativa legal se adhirieron otros cinco imputados, entre ellos, el exalcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, del PP.

En su apelación, Alcázar solicitó que se anulara el auto dictado hace ahora dos años por el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió esta pieza separada contra varias decenas de personas presuntamente implicadas en los hechos.

Para el recurrente, la resolución judicial no estaba motivada, por lo que pidió que fuera declarada nula y, de forma subsidiaria, que fuera sustituida por otra en la que se denegara el procesamiento.

El juez de instrucción ponía de relieve que los terrenos de El Roblecillo estaban clasificados como no urbanizables y de protección forestal en la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de junio de 2003. Y añadía que «no se entiende bien qué parámetro técnico, qué razonamiento acogible en Derecho puede hacer que, en solo unos meses, lo que era un terreno a proteger por su especial relevancia forestal pase a ser un mero terreno urbanizable para la construcción de miles de viviendas y un campo de golf».

Alegó falta de motivación

El tribunal de la Audiencia, que tiene como ponente al magistrado Abdón Díaz, sostiene que la alegada falta de motivación del auto recurrido «no puede ser más infundada, al dirigirse contra una resolución de notable extensión -39 folios-, que contiene además los criterios fundamentales de su decisión».

Recuerda que los juzgados y tribunales, una vez que tienen noticia de hechos que pueden constituir algún tipo de ilícito penal, están obligados a abrir diligencias de investigación, «sin que con ello se pretenda dejar ya sentada la culpabilidad del recurrente, sino únicamente constatar si hay hechos inductivos de responsabilidad en cuya comisión haya podido participar».

Afirma también el tribunal que «la índole de la investigación emprendida, el contenido y objeto de la resolución impugnada y las consideraciones tenidas en cuenta ofrecen valiosas claves explicativas a recientes tendencias legislativas».

Y concluye que «la tutela penal quedaría vacía de contenido efectivo si se impidiera o dificultara la investigación de conductas de indudable relevancia social y jurídica».