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«Lo primero que dijeron es que iban a matar a mis hijos»

El promotor retenido por unos constructores por el impago de unas obras relata ante la Audiencia el calvario que sufrió

Jorge García Badía

Miércoles, 12 de octubre 2016, 01:05

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La voz se le entrecortaba conforme iba rememorando para la Audiencia Provincial cómo cuatro individuos le esperaban a primera hora de la mañana del 25 de mayo de 2009 en el aparcamiento del Almudí. «Me fui a meter en el coche para ir a trabajar y por la espalda aparecieron unos hombres que me preguntaron: '¿Eres Fernando?'. Me fui corriendo hasta la escalera para tratar de huir del parking y me cogieron con fuerza. Uno de ellos me apuntó en el costado derecho con una pistola», relató por videoconferencia Fernando Muñoz, dueño de Promufermu. El testimonio del promotor fue seguido con 'rictus' serio por los siete procesados por su presunta retención ilegal: los responsables de Fomento y Construcciones Nuevo Stilo y Proesblanca (Pedro José López Gil, Enrique y Antonio Gómez Yepes, Antonio y Jesús Morote Lucas), y los exdirectivos de Cajamar Antonio Pita y José Antonio Valverde Cegarra.

«Me metieron en un coche, me pusieron unas gafas de sol y una venda para que no viese nada». Le llevaron a una nave del polígono industrial Base 2000. Allí comenzaron las supuestas torturas físicas y psíquicas para que firmase las órdenes de pago que autorizaban a Cajamar a abonar los trabajos de dos promociones que Promufermu dejó al 30% en Hoya del Campo (Abarán) y San Ginés (Murcia), pero que con la intermediación del banco fueron retomadas por Fomento y Construcciones Nuevo Stilo y Proesblanca.

Datos personales

«Lo primero que me dijeron es que iban a buscar a mis hijos, sabían cuál era su colegio, y los iban a matar». Sufrió una presión demencial: «Me hicieron la ruleta rusa con una pistola, apretaban el gatillo y me gritaban: '¡Tienes que firmar!'». También detalló que recibió puñetazos por la cabeza y el costado, le quemaron parte del pantalón con un soplete y le metieron en un bidón que golpearon con unas cadenas. «Me negué a firmar, les dije que hiciesen conmigo lo que quisieran». Sin embargo, lo volvieron a montar en un coche y le liberaron en un paraje de Fortuna.

«Sorprendentemente, a las dos horas de haberme soltado, me llamó Antonio Pita. Me preguntó si me había pensado el pago a los promotores». La víctima incidió ante la Sala sobre esa llamada porque en aquel momento Pita era director territorial de la caja y estaba al corriente de que Promufermu remitió dos burofax prohibiendo al banco que efectuase nuevos pagos a las constructoras que asumieron sus proyectos en Abarán y Murcia. También puso el acento en que los documentos que trataron de hacerle firmar contenían el número de su cuenta bancaria. «Ellos no podían saber esos datos porque era un contrato entre Cajamar y mi sociedad».

La fiscal apunta a Cajamar

El Ministerio Público, al término de la vista y atendiendo a que los cinco promotores acusados pagaron 1.000 euros por responsabilidad civil, rebajó su petición de penas a un año de cárcel por retención ilegal; cuatro meses por extorsión en grado de tentativa; ocho meses de multa con cuota diaria de 3 euros por lesiones y cuatro meses por falsedad documental, con multa por el mismo tiempo de 3 euros.

Para el ex director territorial Antonio Pita y el exdirector de la oficina de Alfonso X, José Antonio Valverde Cegarra, mantuvo las penas como supuestos inductores de los delitos de extorsión (ocho meses de cárcel) y lesiones (un año). «Esta parte mantiene la tesis de que Antonio y José Antonio les dijeron a estas personas que la única forma para cobrar es que Fernando firmase por las buenas o por las malas».

Y subrayó que el documento que trataron de hacerle rubricar a la víctima estaba redactado en términos bancarios. Por último puso el acento en el flujo de llamadas que hubo el día de la retención entre uno de los promotores y el exdirector de la oficina de Alfonso X. «Habían quedado en que a esa persona la iban a llevar a la oficina el día 25, aunque fuese a hostias».

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