La Verdad

Investigan si cuatro adjudicatarias del AVE hincharon facturas por más de 35 millones

Agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil se llevan detenido al ingeniero José Manuel Fernández Pujalte (centro) en octubre de 2015.
Agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil se llevan detenido al ingeniero José Manuel Fernández Pujalte (centro) en octubre de 2015. / F. MANZANERA / AGM
  • Aduanas y Guardia Civil tienen pruebas que apuntan a que el fraude en la línea Crevillente-Murcia supera ampliamente los 50 millones

El supuesto fraude cometido con las obras de reposición de acequias en la Vega Baja es tan descomunal que al final va a resultar que los 17 millones de euros apuntados hasta ahora, y que serían imputables a una red asentada en torno al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y a la constructora murciana Obras Marimar SL, son poco más que el chocolate del loro.

Fuentes conocedoras de la investigación, que desde su origen ha estado asumida por Vigilancia Aduanera y Guardia Civil y que se coordina desde el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, han confirmado a 'La Verdad' que las sospechas se centran ya desde hace meses en las compañías adjudicatarias de los cuatro tramos de la alta velocidad entre Crevillente y Murcia: tres uniones temporales de empresas (UTE) encabezadas por Sacyr, Dragados y Acciona, así como la Constructora San José.

El método presuntamente empleado para cometer el fraude consistiría, básicamente, en inflar de forma muy importante el precio de obras que realmente se acometieron y, en otros supuestos, facturas por trabajos que nunca se llegaron a efectuar e incluso por otros que se realizaron años atrás y que habrían sido presentados como de reciente ejecución. En resumen, prácticamente el mismo operativo del que ya venían siendo acusados los presuntos integrantes de la trama montada en torno al Juzgado de Aguas de Orihuela, y que estaría encabezada por el ingeniero José Manuel Fernández Pujalte, pero ahora supuestamente montados desde el seno de las grandes adjudicatarias.

Golpe a las arcas públicas

Las mismas fuentes confirmaron que los investigadores de Aduanas y de la Policía Judicial de la Guardia Civil han conseguido reunir pruebas que demostrarían que el fraude de las distintas redes en el tramo Crevillente-Murcia rebasa ampliamente los cincuenta millones de euros. Una cuantía que, pese a ser monumental, solo hace referencia a las labores concretas de reposición de infraestructuras hidráulicas, como acequias y azarbes, que se habrían visto afectadas por el trazado del AVE a lo largo de la Vega Baja.

Todo ese dinero presuntamente malversado habría salido de las arcas públicas, pues las facturas emitidas tanto por Obras Marimar SL como directamente por las grandes constructoras acababan siendo abonadas por el organismo estatal Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), dependiente del Ministerio de Fomento.

Aunque los beneficiarios últimos de esos fondos multimillonarios malversados estarían todavía por identificar al detalle, por el momento la magistrada instructora del denominado 'caso César' ya ha tomado declaración, en calidad de imputados, a una decena de directivos de las UTE Acciona Infraestructuras-Construcciones Villegas (adjudicataria del tramo de 7,3 kilómetros desde Crevillente a San Isidro de Albatera); Dragados-Constructora Hormigones Martínez- Tecsa (tramo San Isidro de Albatera-Orihuela, de 9,5 kilómetros); Sacyr-Neopul Sociedade de Estudos e Construçoes (tramo Orihuela-Colada de la Buena Vida, de 6,7 kilómetros), y Constructora San José (tramo Colada de la Buena Vida-Murcia, con 7,9 kilómetros). Los investigados son Alberto José C.G.; David F.G., Juan Luis R.C., Pablo Damián L.G., Alberto D.P., Salvador Jorge P.V., Francisco Javier T.C., Donato F.A., Francisco V.G. y Manuel P.H., que prestaron declaración a lo largo del mes de septiembre.

La hipótesis de trabajo de los investigadores es que «resulta poco creíble» que en compañías de tal magnitud, dotadas de equipos técnicos muy relevantes, pudieran pasar desapercibidas esas presuntas maniobras para inflar facturas (algunas hasta diez veces por encima de su coste real) o para cargar trabajos que se realizaron años atrás y otros que ni siquiera se ejecutaron.

Tanto es así que la documentación recabada por los investigadores apunta a que se pudieron llegar a facturar a Adif obras por importe de 10 millones de euros que llevaban años realizadas y hasta 15 millones más por trabajos que jamás se acometieron y que, en apariencia, ni siquiera son necesarios.

Juan Ortín hurga en la herida

Las sospechas contra algunos directivos intermedios y técnicos cualificados de esas grandes adjudicatarias se vieron reforzadas ayer por la declaración de uno de los presuntos integrantes de la trama murciana, Juan Ortín, dueño de la constructora Obras Marimar. Este empresario, que llegó a estar encarcelado por estos hechos, viene jugando el papel de arrepentido en estas diligencias y desde un primer momento no solo reconoció su presunta responsabilidad en el fraude, sino que aportó datos relevantes sobre otros supuestos implicados. Después de entregar diversa documentación en el juzgado, Ortín ratificó ayer ante la juez instructora la declaración que ya prestó en octubre de 2015 ante aduaneros y guardias civiles, e incluso añadió nuevos detalles sobre el funcionamiento de la red.

Entre otras cuestiones, llegó a manifestar que entregó a Sacyr facturas por importe de 3,5 millones por las reposiciones hidráulicas que había acometido con su empresa y que, sin embargo, los fondos que se libraron ascendieron a unos doce millones de euros con base a partidas infladas o inventadas. Esos más de ocho millones de euros habrían acabado siendo repartidos entre los líderes de la red delictiva, como quien era el jefe de Infraestructuras de Adif para la zona de Levante, José Luis Martínez Pombo, también detenido en su día, y el ingeniero José Manuel Fernández Pujalte, entre otros.

Cuando Ortín fue interrogado acerca de si creía posible que tales sobrecostes no hubieran sido detectados por las grandes compañías adjudicatarias, apuntó a que le parecía poco probable que lo ignoraran e incluso señaló -siempre según fuentes próximas al caso- que los técnicos con los que él trataba directamente sí sabían de tales amaños.

También prestó declaración ayer el imputado Ángel Custodio L., antiguo encargado de Obras Marimar SL, quien negó haber sido consciente de que se estuvieran inflando las facturas por los trabajos que realizaba esta empresa. Sin embargo, sí admitió que en varias ocasiones había acompañado hasta el banco a su jefe, quien sacaba grandes cantidades de dinero que luego entregaba en sobres a un hermano del ingeniero Fernández Pujalte. Parte de esos fondos acababan luego, presuntamente, en manos del directivo de Adif Martínez Pombo.