La UMU dará más poder a administración y se lo restará a los docentes no funcionarios

El personal de administración y servicios ganará poder y cuota de representación en la Universidad de Murcia (UMU) en los órganos de decisión. Será así si el Claustro de la institución respalda con su voto los nuevos estatutos de la UMU, que ultiman su redacción y entrarán en la fase de debate y enmiendas en unas semanas. El reglamento adapta la normativa de la institución a la Ley Orgánica de Universidades (de 2007) y a la regional, dos años anterior.

La cuota de poder y representación de cada uno de los cuatro grupos que componen la Universidad es de gran trascendencia, ya que marca su porcentaje de representación en el Claustro (el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria) y determina el valor que tienen sus votos en las elecciones al Rectorado. El rector es elegido por sufragio universal ponderado, lo que significa que las papeletas tienen diferente cuota de influencia en el recuento según el grupo al que pertenezca el votante. En la actualidad, los votos del Grupo A, integrado por los funcionarios doctores de los cuerpos docente e investigador, valen el 51% del total. Los del Grupo B, formado por el resto de personal docente e investigador (profesores contratados, no funcionarios), tienen asignado un 14% del porcentaje. El Grupo C, que es el de los estudiantes, tiene una cuota del 25%; y el D, integrado por el personal de administración y servicios (PAS), tenía asignado hasta la actualidad solo un 10%, el porcentaje más escaso.

Los nuevos estatutos planean elevar su cuota de poder hasta el 13%, a costa del profesorado contratado, que quedaría con un 11%. El reajuste obedece, según valoran en la UMU, a que uno de los objetivos de la institución es reducir la presencia de docentes laborales, «que se van consolidando como personal permanente», es decir, funcionarios del Grupo A. En las últimas elecciones al Rectorado, de hecho, los votos del PAS fueron decisivos para que el rector José Orihuela se impusiera a su contrincante Juan María Vázquez, al que adelantó por apenas 32 centésimas en porcentaje de voto. Orihuela fue además el candidato que más apoyo cosechó entre el PAS, un 30% de sus votos, un punto más que Vázquez. En esos comicios, el censo de electores estuvo compuesto por 1.101 votantes del Grupo A, 1.538 del grupo B, 32.736 del Grupo C, que son los estudiantes, y 1.236 del Grupo D. El personal de administración y servicios lleva años reclamando mayor capacidad de decisión en la institución.

'Impuesto revolucionario'

Los nuevos estatutos plantean otra novedad de calado, y que previsiblemente será contestada, relativa al porcentaje de los ingresos que los profesores e investigadores que facturan para otras entidades deben retornar a la Universidad. Actualmente, los docentes que, al amparo del artículo 83 de la LOU, facturan por su trabajo científico o técnico con otras entidades, fundaciones o empresas, están obligados a entregar un 10% de esos ingresos a la Universidad. Con ese porcentaje, conocido popularmente como el 'impuesto revolucionario', el docente o investigador restaura los costes indirectos que sufre la Universidad derivados de su trabajo para un tercero: tiempo, uso de equipamiento de la propia UMU...

Los nuevos estatutos plantean subir ese porcentaje, probablemente hasta el 15%, para destinar el incremento al departamento al que esté adscrito el docente. «Es una cuestión controvertida, y la Universidad pública se ve continuamente presionada para mejorar sus datos de transferencia de resultados a la sociedad. Incluso, la tendencia actual es compensar la pérdida de subvención pública por la obtención de mayores ingresos por esta vía», detalla el secretario general de la UMU, Santiago Álvarez Carreño, miembro de la comisión que está redactando el proyecto del nuevo reglamento.

El incremento del porcentaje que los docentes e investigadores tendrían que detraer de sus ingresos cuando facturen para terceros será, con toda probabilidad, una de las cuestiones más polémicas de los nuevos estatutos, ya que supondrá una merma en sus ganancias.

Como el resto de novedades planteadas en el reglamento, debe ser aprobada por el Claustro Universitario, que es el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria y está integrado por 300 miembros de todos los grupos.

La comisión de elaboración de los estatutos, que retomó los trabajos, ya muy avanzados, de la anterior, presidida por el exsecretario de la UMU, Joaquín Lomba, tiene ya prácticamente completado el trabajo. En las próximas semanas se iniciará la fase de discusión de las enmiendas al proyecto en el pleno del Claustro. Para la UMU, resulta complicado fijar una fecha concreta para la remisión de los estatutos al Gobierno regional -que debe aprobarlos-, ya que el proceso de discusión en el pleno del Claustro puede ser intenso y prolongado. Dependerá, en cualquier caso, de la cantidad y alcance de las enmiendas que se presenten. La previsión de la comisión pasa porque los nuevos estatutos sean aprobados en el pleno del Claustro de febrero del próximo año y se remitan después al Gobierno regional.

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