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Mareando los pozos

El propio Plan del Segura prevé regularizar los sondeos del Campo de Cartagena

Manuel Buitrago

Miércoles, 7 de septiembre 2016, 11:20

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Una de las principales reclamaciones de los regantes del Campo de Cartagena, como es legalizar los pozos y desalobradoras cerrados este verano, será atendida por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, pero tendrán que esperar. El Plan de Cuenca del Segura aprobado a principios de año recoge la posibilidad de regularizar esos pozos, pero siempre que las aguas sean tratadas y evacuadas cumpliendo las restricciones ambientales, informó ayer la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a preguntas de 'La Verdad'. Para ello deberán tenerse en cuenta las condiciones que requiere el Mar Menor, indicaron. Todas las medidas tendrán cabida en la solución integral que están perfilando la Consejería y el Ministerio. Ya existe un primer documento de trabajo por parte del Gobierno regional.

Los pozos y desalobradoras que arrojaban elevadas concentraciones de nitratos han sido clausurados por la CHS, aunque los regantes exigen que se legalicen lo antes posible sin dañar al Mar Menor. Así lo transmitirá el Gobierno regional al Ministerio para que lo incluya en el próximo decreto de sequía, con el fin de que se le dé un tratamiento especial al Campo de Cartagena.

El programa de medidas del Plan de Cuenca (2015-2021) va más allá, puesto que prevé la construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena. Asimismo, propone otras actuaciones para reducir los niveles de nitratos de las aguas captadas por los pozos y su posterior vertido al Mediterráneo. Ligado a la anterior, prevé la construcción de una batería de pozos que eviten la contaminación de la laguna. Esto refleja que el documento de planificación de la cuenca, aprobado por el Consejo de Ministros, prevé medidas suficientes para atajar la contaminación del Mar Menor. No obstante, no habla de cerrar pozos y desalobradoras, como ha ocurrido a causa del grave estado de las aguas de la laguna que se detectó en mayo.

Crecen los problemas

El emisario de Cabo de Palos que servirá para evacuar la salmuera de los regadíos del Campo de Cartagena no tiene todos los papeles en reglas. Ha estado funcionando en una situación alegal y la autorización de vertido y de ocupación del dominio público marítimo terrestre fue incompleta, según ha podido saber 'La Verdad'. La Consejería de Agricultura, la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ayuntamiento de Cartagena, junto con los regantes, están tramitando ahora la regularización.

Los trámites se harán con la mayor celeridad para que los permisos estén concedidos al mismo tiempo que concluye la tubería del Albujón que se utilizará para transportar los drenajes. La Dirección General de Costas tiene que otorgar el permiso de ocupación del que carece dicho emisario. Esta infraestructura ha estado funcionado en los últimos años con una autorización que le dio la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad, pero no tiene el permiso de Costas porque los trámites que faltaban se paralizaron en su día, añadieron las mismas fuentes.

La semana pasada hubo una reunión de trabajo entre las tres administraciones y los regantes para estudiar este asunto, que guarda cierto parecido con la desaladora de Escombreras. Ahora se han dado cuenta de que esta planta no tiene autorización para vender más de tres hectómetros anuales a los regadíos, razón por la cual se está tramitando el cambio para que pueda ofertar 18 hectómetros a los cultivos. En resumen, cuando más faltan hacen las infraestructuras hidráulicas ya construidas para aliviar la falta de agua en el Campo de Cartagena, resulta que no están preparadas y carecen de las autorizaciones necesarias.

Los diputados regionales de Podemos Óscar Urralburu, María Giménez y María López, y la secretaria de Agricultura, Nona García, se reunieron ayer con las asociaciones agrarias. Urralburu criticó que «volvemos a encontrarnos ante una situación crítica; con unos problemas que responden a la falta de criterio político y planificación por parte del gobierno regional y central».

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