Lo peor que podría pasar

Todos repudian unas terceras elecciones, las de la vergüenza. Pondrían en evidencia la incapacidad de los políticos españoles para elevarse por encima de sus intereses partidistas y llegar a acuerdos por el bien de España, que no está para soportar un periodo tan largo de interinidad, y agravarían la desconfianza de los ciudadanos hacia sus representantes. Sin embargo, cada día que pasa sin aproximaciones entre unos y otros, es un paso más que dan hacia las urnas y un punto más de deterioro de la situación política e institucional.

Las políticas del Gobierno central no son las únicas afectadas. El quebranto se extiende a todas las estructuras del Estado a través de los vasos sanguíneos de la financiación autonómica y local y por culpa de las limitaciones que la ley impone a un Ejecutivo en funciones.

Proyectos de obras públicas paralizados (la 'autovía del bancal', por ejemplo), reformas aplazadas 'sine die' (la financiación autonómica, vital para la Región), indecisión en la inversión privada (queja recurrente de los empresarios)...

El presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, cree que «la situación es límite», porque «los proyectos se van eternizando», y llama la atención sobre dos asuntos incluidos en el documento de negociación para la investidura propuesto por Rajoy, como la nueva financiación autonómica y el pacto nacional del agua, que podrían quedar varados a causa de la falta de acuerdo. «No podemos permitirnos ni un retraso más», sentencia.

Las comunidades autónomas ya están sufriendo el largo periodo de provisionalidad del poder ejecutivo y para las que un enquistamiento de la actual situación, en el caso de ir a las repelentes terceras elecciones, puede causar graves problemas en un órgano tan sensible como el financiero. El hecho de que aún no se haya puesto en marcha la maquinaria presupuestaria del Estado, con la fijación del techo del gasto y los objetivos del déficit para 2017, mantiene las cuentas autonómicas en una preocupante incertidumbre.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, calcula que la actual situación puede suponer a las arcas regionales una merma de ingresos de al menos 330 millones de euros entre éste y el próximo año -230 por la no aprobación de los nuevos objetivos de déficit y como mínimo otros 100 más por la no actualización de las entregas a cuenta en los presupuestos de 2017-, si finalmente no hay gobierno y los presupuestos del Estado de 2016 deben prorrogarse el próximo ejercicio.

Malo para los proveedores

De esa cantidad, 115 millones de euros proceden de la ampliación del objetivo de déficit de las administraciones regionales para este año del 0,3% al 0,7%. Bruselas lo ha autorizado, pero para empezar a aplicarlo falta que lo apruebe el Congreso, y para eso es necesario que el Gobierno registre la propuesta. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy considera que no puede hacerlo por estar en funciones. El nuevo límite de déficit supondría este año para la Comunidad murciana 115 millones de euros más de gasto, que recibiría del Ministerio de Hacienda a través de Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

De no aprobarse el nuevo déficit para 2016, los perjudicados serían también los proveedores de la Comunidad, ya que, según el consejero Andrés Carrillo, esos 115 millones serían para pagar sus facturas, y si no llegan podría suponer una demora en el plazo de pago.

La Unión Europea también dio el visto bueno a una ampliación del objetivo del déficit para 2017, lo que para las comunidades autónomas supondrá pasar del 0,1% previsto inicialmente al 0,5%. Este mayor margen presupuestario, al igual que el de 2016, también está pendiente de aprobar por el Congreso y supondría otros 115 millones de euros más para la Comunidad Autónoma, además de un ajuste más suave en el proyecto presupuestario del próximo año.

Carrillo advierte de que, si bien Bruselas ha descartado imponer una multa a España por excederse en el déficit público y se ha conformado con exigir medidas de contención del gasto, «podría reconsiderar su posición si finalmente no hay gobierno ni presupuestos y volver a plantear una posible sanción, lo que conllevaría una congelación de los fondos estructurales a recibir por España, lo que afectaría directamente a la Región».

El consejero de Hacienda cree que, en caso de prorrogarse los presupuestos del Estado de este año, «se congelarían las remuneraciones de los funcionarios» para 2017. Es el Gobierno central, a través de la ley presupuestaria, el que marca la subida salarial para todos los empleados públicos -este año fue del 1%-. Por tanto, si no hay nueva ley porque no hay gobierno que la elabore y la apruebe, no habría subida, según la lógica de Carrillo.

Desde el PSOE consideran que la negativa de llevar al Congreso el techo del gasto y los objetivos de déficit es una forma más de presión de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez para que acepte la abstención en una segunda votación y permita la investidura del candidato del PP. De hecho, algunos de los dirigentes socialistas que han empezado a levantar la voz y a pedir un debate interno sobre la posición del partido en la investidura son barones territoriales afectados directamente por la paralización de estos asuntos.

Más presión para el PSOE

El diputado socialista por Murcia Pedro Saura opina que el actual Gobierno, aun estando en funciones, podría presentar en el Congreso el techo del gasto y los objetivos de déficit y deuda para este año y el próximo, así como su reparto entre las comunidades autónomas, por tres razones: «Se trata de una cuestión de urgencia debidamente acreditada; no es un decreto ley, y debe convalidarse en el Congreso y Senado, cámaras que no están en funciones».

Saura añade, en contra de lo que sostiene el PP, que el Gobierno también podría presentar un real decreto para fijar el aumento de los salarios de los empleados públicos y de las pensiones para el próximo año.

Un asunto que ya está perturbando la gestión presupuestaria de las comunidades es la falta de información sobre las entregas a cuenta del Estado para 2017. Se trata de las previsiones de ingresos por IRPF, IVA e impuestos especiales que el Ministerio de Hacienda adelanta como parte de la financiación autonómica. Es una información capital porque representa una parte importante de los presupuestos regionales -en el caso de Murcia, el 85%.

En años anteriores, por estas fechas, esa información ya había sido transmitida a las comunidades con el fin de que pudieran comenzar a elaborar los presupuestos del año siguiente. Sin embargo, hasta ahora ese dato crucial no ha llegado. «Estamos adelantando otras tareas presupuestarias, pero sin esa información es imposible avanzar», comenta el consejero Andrés Carrillo.

El riesgo está en que, si se prorrogan los presupuestos del Estado, las entregas a cuenta serán las mismas que este año, sin incremento alguno, cuando lo lógico es que sí crezcan, ya que se prevé un aumento del PIB y el consumo, que generarán una mayor recaudación. Carrillo prevé que, si no se aplica este incremento a las entregas a cuenta, Murcia dejará de ingresar más de cien millones de euros.

En la misma situación están los ayuntamientos, que cada año reciben una cantidad por su participación en los tributos del Estado, la cual también podría congelarse en caso de que se prorroguen los presupuestos nacionales. El perjuicio a los municipios es proporcional a las cantidades que reciben, que son importantes en el caso de las principales ciudades de la Región (Lorca, 2,6 millones de euros en 2016; Cartagena, 7,1 millones, y Murcia, 15,6).

• Temas
• Pedro Antonio Sánchez
• Región de Murcia
• Partido Popular Región de Murcia