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Sánchez dice que el 'caso Auditorio' lleva camino de ser un «juicio inquisitorial»

La defensa del presidente trata de evitar que la instructora abra una pieza separada sobre las obras en las pasarelas de Nogalte

Ricardo Fernández

Lunes, 25 de julio 2016, 11:33

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«Este procedimiento se está convirtiendo en un juicio inquisitorial y en una causa general, muy alejada de lo que en principio fue su inicio. Y además está sirviendo a las acusaciones particulares para conseguir unos fines totalmente políticos, muy lejanos de aquellos a los que la Administración de Justicia debe servir». Con ese argumento, entre otros de corte ya más jurídico, la defensa de Pedro Antonio Sánchez trata de evitar que prospere la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, de abrir una pieza separada sobre las obras de mejora acometidas en un puente y una pasarela sobre la rambla de Nogalte. Un asunto que se ha desgajado de las diligencias sobre el 'caso Auditorio' y que, como indicó la juez en un auto del pasado mayo, ofrece indicios de presuntas ilegalidades que deben ser investigados.

Según afirmó la magistrada en su resolución, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras podría haberse apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, infringiendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al fraccionar el objeto del contrato en varios servicios siempre de cuantía inferior a 12.020,24 euros, el límite máximo por el que se puede cerrar un contrato menor.

El texto señala que, el 3 de julio de 2006, Pedro Antonio Sánchez adjudicó al arquitecto Martín Lejarraga el contrato menor de consultoría y asistencia para redactar los estudios previos del acondicionamiento de espacios públicos y pasarelas, cuyo importe ascendía a 9.200 euros. Posteriormente, el 15 de enero de 2007, Lejarraga presentó una factura por el mismo importe por la redacción del anteproyecto, mientras que el 15 de febrero de ese año el alcalde reconoció la obligación de abonar 12.000 euros al arquitecto por el proyecto básico de obra.

Además, este presentó en el Ayuntamiento dos facturas más, en abril de 2007 y abril de 2008, por la redacción del proyecto de ejecución y por la dirección de obras, respectivamente, que ascendían a 12.000 euros cada una. En total, Lejarraga haber recibido 54.400 euros por esta actuación.

«Diez años más tarde»

El abogado del exalcalde de Puerto Lumbreras y actual jefe del Gobierno murciano se queja de que la decisión de investigar esos hechos se produzca «diez años después de la ejecución de esos trabajos», a lo que se suma que «ninguna fuerza política del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras» ha expresado hasta el momento alguna sospecha al respecto de ese asunto. «Lo ha hecho un partido político que preside la comisión parlamentaria de investigación del llamado 'caso Auditorio', mezclando política y justicia», se lamenta en clara referencia a Podemos, para seguidamente recordar la vieja frase de Calamadrei: «Cuando la política entra por la puerta del templo, la justicia huye por la ventana despavorida».

Sostiene la defensa de Sánchez que «si el juzgado descubrió que el señor Lejarraga había sido contratado con anterioridad a los hechos, lo cual era público y notorio, y si consideró que ese hecho era un indicios de relevancia penal 'per se', debió haberse abstenido de instruir nada al respecto».

«Sin embargo -se queja-, se ha continuado con dicha instrucción hasta que se han acumulado elementos de convicción suficientes para expresar un juicio presuntivo más propio de un auto de transformación que de un auto de incoación». Algo que, considera, determina «la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado».

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