Un director de banco posibilitó el desvío a la trama delictiva de 7,4 millones de la obra del AVE

El desvío ilegal de 7,4 millones de euros del presupuesto de las obras del AVE a la Región no habría sido posible, o habría resultado bastante más complicado, de no haber mediado la figura de un director de banca. La laxitud de su comportamiento profesional, que él mismo reconoció en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, permitió que esa ingente cantidad de fondos públicos acabaran en manos de la trama delictiva, que en apariencia se los repartió a manos llenas. Entre otros, presuntamente, el exjefe de Infraestructuras de Adif para la línea del AVE al Levante español, el ingeniero José Luis Martínez Pombo.

Las dos supuestas vías que la red utilizó para malversar el dinero estatal destinado a construir la línea de alta velocidad entre Crevillente y Murcia consistieron en inflar los presupuestos de las obras de reparación de las acequias afectadas por el AVE y, de otro lado, en simular la realización de unos trabajos que nunca llegaron a acometerse. Con este segundo fin, la empresa murciana Obras Marimar SL, cuyo propietario es el empresario Juan Ortín García, se nutrió de una gran cantidad de facturas falsas emitidas por un entramado de seis empresas 'fantasma' -sin actividad-, que en algunos casos habían sido constituidas 'ad hoc' con ese propósito.

Cuando tenía en su poder esas facturas, Obras Marimar las repercutía a los fondos de Adif y, una vez que percibía esos fondos, emitía pagarés a nombre de las sociedades 'fantasma' para justificar la salida del dinero de las cuentas de la empresa. Sin embargo, era él mismo quien acababa cobrando sus propios pagarés, con lo que se encontraba de esa forma en posesión de grandes cantidades de dinero para repartir entre los presuntos integrantes de la trama de malversadores.

«Hazlo; es un buen cliente»

Cuando los investigadores de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil pusieron en marcha la 'Operación César', el director de la sucursal del Banco de Valencia en Santomera, Francisco José S.G., fue de los primeros en caer. Fue detenido por presunta colaboración en las actividades ilegales desarrolladas en torno a la constructora Obras Marimar SL, pues no en vano era quien autorizaba a que el empresario Juan Ortín cobrara los pagarés que él mismo emitía. Y ello de forma totalmente irregular, pues el dinero solo podía ser entregado a los representantes de las empresas 'fantasma' a cuyo favor habían sido librados los pagarés y Ortín no figuraba entre los autorizados.

Fuentes de la investigación reconocieron la actitud colaboradora del director de la entidad, que reconoció haber obrado incorrectamente, algo que sin duda pesó para que el juez decidiera dejarlo en libertad con cargos. Por lo que respecta a quien era el interventor de esa oficina, que fue citado a declarar como testigo, confirmó que esa forma de actuar del director «no era normal y que en más de una ocasión le hizo esa observación (a Francisco José S.G.), quien me contestó que (Juan Ortín) se trataba de un buen cliente y que por tanto procediera a abonarle en efectivo los pagarés emitidos por Obras Marimar a favor de otras mercantiles».

Esos 7,4 millones que pasaron de esa forma a ser inyectados en la trama delictiva, acabaron en parte en manos del exjefe de Infraestructuras de Adif para la línea del Levante, José Luis Martínez Pombo, quien habría recibido los pagos en metálico en una finca de Beteta (Cuenca).

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