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Varias asociaciones llevarán a los tribunales el convenio de prácticas con la UCAM

La Alianza Ciudadana en Defensa de lo Público considera que la exconsejera Catalina Lorenzo «pudo cometer prevaricación»

Javier Pérez Parra

Martes, 14 de junio 2016, 02:44

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Las asociaciones y colectivos integrados en la Alianza Ciudadana por la Calidad de la Docencia Universitaria y en Defensa de lo Público preparan acciones judiciales contra la exconsejera de Sanidad, Catalina Lorenzo, y contra el exgerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Manuel Ángel Moreno, por haber aprobado el convenio de prácticas clínicas con la UCAM sin tener en cuenta las consideraciones de los servicios jurídicos del SMS. Como desveló 'La Verdad' la semana pasada, los letrados cuestionaron en un informe preceptivo pero no vinculante que los alumnos de la Católica compartiesen hospitales con los estudiantes de la universidad pública.

«Creemos que pudo haber prevaricación», advirtió ayer Abel Novoa, presidente de la plataforma Nogracias y uno de los impulsores de la Alianza Ciudadana por la Calidad de la Docencia Universitaria. Para las asociaciones integradas en esta Alianza, el convenio firmado en 2014 -que todavía está en vigor, a la espera de su renovación- supuso «regalar a la UCAM el uso de toda la estructura regional sanitaria del SMS». 'La Verdad' se puso ayer en contacto con la exconsejera Catalina Lorenzo, quien declinó hacer declaraciones.

El concierto de 2014 abrió las puertas de todos los hospitales públicos y centros de salud a los alumnos de Medicina de la universidad privada sin que se detallasen los servicios específicos en que se iban a desarrollar las prácticas, algo que para los servicios jurídicos del SMS pudo suponer un incumplimiento del Real Decreto 1558/1986. Además, el informe jurídico lamentaba que «tampoco» se concretasen «las fórmulas de coordinación entre las actividades docentes, investigadores y asistenciales». Los asesores jurídicos advertían además de la conveniencia de incorporar una memoria económica que permitiese valorar el coste que para las arcas públicas suponen las prácticas de los alumnos de la Universidad Católica. Por último, el informe alertaba de las posibles «disfunciones» por la coincidencia de estudiantes de la UMU y la UCAM, y se preguntaba «si es posible que un mismo hospital pueda estar concertado con dos universidades».

La Consejería de Sanidad defiende que en todo el momento se respetó el procedimiento, ya que el informe jurídico no era vinculante y además no se pronunciaba expresamente contra la firma del convenio. Sanidad considera que, en ese sentido, cabe hablar de «informe favorable», aunque el documento no establece un dictamen afirmativo ni negativo, sino que se limita a señalar aquellos aspectos que, en opinión de los juristas, deben ser modificados.

Debate con todos los partidos

Pero para la Alianza Ciudadana, el hecho de que se ignorasen la mayoría de recomendaciones de los servicios jurídicos abunda en la «trayectoria del Gobierno regional del PP de convertirse en el defensor a ultranza de los intereses privados de la UCAM en detrimento del interés público y de los servicios públicos docentes». La Alianza está formada por 37 organizaciones y asociaciones. Entre ellas figuran la plataforma Nogracias, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) y la Asociación de Usuarios de la Sanidad. Para este jueves, la Alianza ha organizado una mesa redonda (19.30 horas, edificio Moneo) a la que acudirán representantes de PP, PSOE, Podemos y C's.

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