Borrar
Domingo Riquelme y Francisco Martínez.
Diez minutos para salvar una vida

Diez minutos para salvar una vida

Los desfibriladores en espacios públicos y las pruebas regulares a quienes practican deporte son clave para evitar que cada año sigan falleciendo por muerte súbita unos 30 afectados de cardiopatías hereditarias

Javier Pérez Parra

Domingo, 29 de mayo 2016, 01:01

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

A principios de abril, un maratón en Ojos Negros, en la provincia de Castellón, terminó en tragedia. Un participante de 57 años se desplomó en plena carrera y murió sin que nadie pudiese hacer nada por salvarlo. Otro hombre de 45 años falleció después de completar el recorrido, también al fallarle el corazón. En la Región, el mundo del fútbol todavía recuerda la muerte súbita de Esteban, un joven de 16 años, durante un partido en Espinardo en septiembre de 2014. Apenas unos meses antes, otro hombre de 37 años había caído fulminado mientras practicaba 'running' en El Raal. ¿Se podrían haber evitado estas muertes? Quizá no en todos los casos, pero lo cierto es que el campo de fútbol Gabriel Serrano de Espinardo, en el que Esteban se dejó de la vida, carecía de desfibrilador. Como también es cierto que en la mayoría de maratones populares que se celebran en España no se exige un certificado médico con unas pruebas concretas que descarten patologías de riesgo. Sin olvidar que muchos 'runners' desconocen si padecen alguna miocardipatía hereditaria oculta, sencillamente porque nunca se han sometido siquiera a un electrocardiograma y a una ecografía.

  • La muerte súbita

  • Es un fallecimiento repentino causado por un infarto o por una parada cardíaca súbita debida a alguna cardiopatía hereditaria o congénita.

  • Cardiopatías hereditarias

  • Están provocadas por alteraciones genéticas en el músculo cardíaco o en el sistema eléctrico del corazón. Unas 3.400 personas padecen en la Región alguna cardiopatía hereditaria.

  • Unidad de Cardiopatías de La Arrixaca

  • El equipo del doctor Juan Ramón Gimeno realiza estudios genéticos y pruebas a las familias de cada uno de los pacientes que son diagnosticados. La detección precoz permite actuar de forma preventiva mediante tratamientos o incluso con la implantación de un desfibrilador en el tórax del paciente.

Cada año mueren de forma súbita, por un fallo cardíaco, unas 250 personas en la Región. En la mayoría de los casos, se trata de infartos en pacientes de edad avanzada. Pero en torno a 30 muertes anuales están provocadas por cardiopatías hereditarias, en su mayor parte no diagnosticadas. Expertos y afectados coinciden en que la instalación de desfibriladores en todos los espacios públicos y la generalización de pruebas médicas a quienes practican deporte son clave para intentar reducir esta cifra. Y, aunque se ha avanzado algo en los últimos años, queda mucho por hacer. «La presencia de desfibriladores en determinados lugares debería ser obligatoria por ley, pero no lo es», se queja José Marín, presidente de la Asociación de Familiares y Afectados por Cardiopatías y Muerte Súbita (Afacms).

Sorprende este vacío normativo pese a lo vital que resulta la presencia de un equipamiento de este tipo ante un caso de muerte súbita. «Tras el fallo, las maniobras de reanimación cardíaca deben comenzar de forma inmediata, como mucho en cinco minutos, y el desfibrilador debe utilizarse antes de los diez minutos. Después de ese tiempo, aunque se consiga salvar la vida quedarán secuelas neurológicas», advierte Juan Ramón Gimeno, jefe de la Unidad de Cardiopatías Hereditarias del Hospital Virgen de la Arrixaca.

Proyecto 'Campo Capitán'

Esta semana se ha dado un paso importante con la firma de un convenio entre Afacms, la Consejería de Cultura y Deportes y la Federación Murciana de Fútbol para la instalación de desfibriladores en más de un centenar de campos de fútbol. El proyecto ha sido bautizado como 'Campo Capitán' en homenaje a José Párraga, un joven futbolista que falleció en 2013 durante un partido.

La puesta en marcha de este convenio debe multiplicar el número actual de desfibriladores, que el director general de Salud Pública, Manuel Molina Boix, cifra en 166. La mayoría están instalados en edificios públicos (consejerías, campus universitarios e instalaciones deportivas). También algunos hoteles y grandes empresas disponen de estos equipos.

La asociación Afacms ha recogido en una aplicación móvil (D-corazón) el mapa de los desfibriladores en la Región, de forma que cualquiera pueda consultar dónde está el equipo más cercano en caso de necesidad. La herramienta deja al descubierto el desigual reparto de los desfibriladores ante la ausencia de normativas y protocolos. Resulta alarmante que localidades como Jumilla y Bullas no dispongan ni de un solo aparato, según el registro oficial de la Consejería de Sanidad. El caso del Noroeste es llamativo: en Caravaca de la Cruz hay siete desfibriladores, mientras Moratalla y Cehegín no cuentan con ninguno. La situación en la Región contrasta con otras comunidades, como Cataluña. Gerona, bautizada como 'ciudad cardioprotegida', es un ejemplo a seguir.

«Lo ideal sería que en cualquier punto de la Región hubiese un desfibrilador a no más de diez minutos de distancia. Pero hay municipios donde están a media hora en coche», advierte José Marín, presidente de Afacms. Su reivindicación no es caprichosa, ni exagerada. El verano pasado, un policía consiguió salvar la vida de un pasajero en el aeropuerto de San Javier gracias al desfibrilador del que disponen las instalaciones. «El uso de un desfibrilador aumenta entre un 50% y un 70% las posibilidades de supervivencia, y en un gran número de casos se logra disminuir o aminorar las secuelas», subraya Manuel Molina Boix, director de Salud Pública. Afacms ha conseguido, con mucho esfuerzo, colocar cuatro de estos aparatos en el estadio Monte Romero (Complejo Universitario de Espinardo), el polideportivo de Alcantarilla, el polideportivo municipal José Barnés y el campo de fútbol de El Ranero.

Los colegios con niños afectados por cardiopatías congénitas constituyen una batalla aparte. La normativa autonómica establece que para poder hacer uso de los desfibriladores hay que hacer una formación previa de 12 horas. Pero esta circunstancia no debería ser un obstáculo para que algún profesor en cada centro se pudiese acreditar. El problema, para los docentes, es que no cuentan con un respaldo que les dé seguridad jurídica ante una actuación de tipo sanitario, si bien en el caso de los desfibriladores el certificado de formación va acompañado de un seguro de responsabilidad civil. La presencia de enfermeros en los centros, al menos en los que cuentan con alumnos que pueden necesitar asistencia debido a su enfermedad, es una reivindicación permanente de las asociaciones de pacientes.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios