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Las amenazas y el acoso por WhatsApp llevan cada día a más menores ante el juez

Más de un centenar de adolescentes se las ven con la justicia cada año por agredir a sus padres, hermanos o abuelos

Alicia Negre

Lunes, 23 de mayo 2016, 11:14

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Se han colado en nuestras vidas sin apenas darnos cuenta. Los menores conviven día a día con redes sociales, como Facebook o Twitter, y sistemas de mensajería instantánea, como WhatsApp o Telegram, pero no siempre conocen sus límites. Prueba de ello es que cada vez son más los adolescentes -menores de 18 años- que se las ven con la justicia por amenazar, colgar fotografías indebidas o someter a acoso a un compañero a través de estas plataformas. Por su diversidad delictiva, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no recogen este fenómeno, pero el magistrado titular del juzgado número 1 de Menores de Murcia, Rafael Romero, explica que cada vez se deja sentir con más fuerza en el estrado. «Hay mucha falta de información», sostiene. «Ellos no saben que, a veces, solo con mandar una foto por WhatsApp pueden estar cometiendo un delito».

Los delitos perpetrados por internet son una de las tipologías que cobran fuerza en los juzgados de Menores. Estos dos órganos, radicados en la capital murciana y de alcance provincial, tramitaron el pasado año más de un millar de asuntos, un 3,1% menos que el año anterior, según la estadística recogida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este leve descenso, sin embargo, no tuvo continuidad en el primer trimestre de este año, en el que los juzgados recibieron 255 casos, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2015.

La cifra de menores enjuiciados sí que ha sufrido en los últimos años un acusado descenso. El pasado año fueron 606 los adolescentes que se las vieron con la justicia, frente a los 1.051 que lo hacían en 2010, de acuerdo a los datos del órgano de gobierno de los jueces. La explicación a este fenómeno es difícil de concretar, pero se está dejando notar de forma similar en otros muchos puntos del país. Algunos expertos apuntan al descenso de la natalidad. Otros a un efecto beneficioso de las labores preventivas.

Uno de los problemas que, sin embargo, sigue vigente en la jurisdicción de Menores es la violencia doméstica. Cada año más de un centenar de adolescentes son juzgados en la Región acusados de agredir a sus padres, hermanos o abuelos. El número se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años. En 2010 eran 131 los menores enjuiciados por violencia doméstica; en 2012 la cifra alcanzó su récord, 141, y el pasado año rondó el centenar. En estos casos, explica el magistrado Romero, «se utiliza mucho la mediación intergeneracional».

Pese a la juventud de los chavales, la violencia de género también se cuela en estos órganos. El pasado año se registraron 14 casos en la Región, la cifra más abultada de los últimos ejercicios, pues en 2013 hubo seis y en 2014 fueron nueve.

El titular del Juzgado de Menores número 1 de Murcia explica que el perfil de estos menores va muy ligado al hecho que cometen. Los delitos contra el patrimonio suelen estar más relacionados con adolescentes provenientes de familias desestructuradas, mientras que los delitos informáticos suelen estar protagonizados por adolescentes de familias normalizadas. En general, reconoce Romero, hay un «foco de desestructuración» que aún sigue presente.

Al estilo Calatayud

Para plantar cara a esta delincuencia juvenil, la judicatura lleva años devanándose la cabeza en busca de medidas que beneficien realmente al menor, reconduciéndolo por el buen camino. El juez granadino Emilio Calatayud se hizo famoso por sentencias en las que imponía a los jóvenes normas de lo más variopintas, pero siempre dirigidas a la educación y la reinserción social. «Ese objetivo ha existido siempre», subraya Romero, «en todos los juzgados de Menores». De esta manera, el internamiento se reserva para los casos más graves o más reincidentes, y los magistrados explotan toda una batería de talleres educativos, trabajos en beneficio de la comunidad, escuela de padres, programas de vida saludables, convivencias en grupo educativo... para lograr que estos menores abandonen la espiral y no sigan delinquiendo.

Como muestra un botón. La Audiencia Provincial confirmó el pasado marzo una sentencia de un juzgado de Menores que obligaba a un menor, vecino de Alcantarilla, a convivir once meses con los integrantes de un grupo educativo por maltratar a su madre, a la que agredió cuando esta le negó el dinero que le había pedido para ir a la feria. En el caso de delitos de acoso o amenazas cometidos entre escolares a través de las redes sociales o Whatsapp, explica el magistrado, la solución se encuentra a veces en la conciliación. «Algunos de estos casos se han solucionado reuniendo al grupo y convenciéndolo para que hablasen y se pidiesen perdón».

La reincidencia de los menores que pasan por estos órganos no se mide en ninguna estadística oficial, pero el magistrado explica que un estudio apunta a que solo un tercio de ellos son reincidentes. Además, de acuerdo a ese análisis, solo un 10% del total acaban cometiendo diversos delitos. Romero reconoce que es más difícil calcular el porcentaje de menores enjuiciados que acabarán viéndosela con la justicia más adelante, ya como adultos.

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