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El delegado del Gobierno y el consejero de Hacienda, ayer, junto a los representantes de Cermi y otras autoridades.
Colectivos de discapacitados exigen «erradicar definitivamente» la OID

Colectivos de discapacitados exigen «erradicar definitivamente» la OID

Cermi cree que la dilación en la toma de medidas contra la venta ilegal de cupones de esta red ha provocado una «situación insostenible»

Daniel Vidal

Sábado, 14 de mayo 2016, 00:51

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«Utilizan la imagen de la discapacidad al servicio de intereses meramente lucrativos, y la dilación en la toma de medidas por parte de los distintos gobiernos nos ha llevado a una situación insostenible. Recordamos el deber inexcusable que tienen todas las autoridades públicas de hacer cumplir la legalidad vigente, lo que significa actuar administrativa y penalmente contra estas redes de juego ilegal». Así de contundente se expresó ayer la presidenta regional del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Morales, en la «escenificación» del frente común que ayer reafirmaron las administraciones públicas y los colectivos de discapacitados en su «compromiso» contra el juego ilegal que promueven organizaciones como «la Organización Impulsora de Discapacitados (OID)», apuntó el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Comunidad, Andrés Carrillo.

Esta es la empresa que centró todas las miradas en la rueda de prensa que ayer ofrecieron Morales y Carrillo junto al delegado del Gobierno en Murcia, Antonio Sánchez-Solís, y el presidente nacional de Cermi, el murciano Luis Cayo Pérez-Bueno, una plataforma nacional que engloba a más de 3,8 millones de personas y más de 7.000 asociaciones y colectivos en toda España. Fue precisamente Luis Cayo quien tildó las actividades de este tipo de redes de «mal social» y las acusó de «usar y abusar de las personas con discapacidad, partiendo de la base de que ni siquiera están formadas por personas con discapacidad ni actúan en favor de las personas con discapacidad», por lo que pidió que se aplique la ley «sin ambages» para que estas estructuras queden «clausuradas y extinguidas». El daño que ocasionan «es ingente, tanto para las personas con discapacidad como para los operadores de juego social y para las causas que estas organizaciones mantienen, y por ello nunca han sido admitidas ni reconocidas por la globalidad del tercer sector social de la discapacidad al no reunir las condiciones de transparencia, respetabilidad y prestigio imprescindibles», señaló Morales.

El delegado del Gobierno anunció que se pondrá «especial atención» en el «control y vigilancia» de estas organizaciones, que generalmente tienen las sedes abiertas de par en par en multitud de municipios, y las autoridades policiales aseguraron que la nueva estrategia pasará por realizar «un seguimiento, como se ha hecho hasta ahora; un control, que no deja de ser nuestra obligación, y futuras operaciones que se pondrán en conocimiento del órgano competente».

«Cómplices»

Pilar Morales también ofreció la colaboración del amplio colectivo que representa su organización para «erradicar definitivamente de nuestra comunidad el juego ilegal con el fingido rostro social», y dijo que «la responsabilidad del juego ilegal que denunciamos es claramente de la empresa que lo realiza, pero también son cómplices, directa o indirectamente, o por puro desconocimiento, las personas que compran esos boletos y los vendedores que participan en la venta». La postura de Cermi choca con la versión planteada por Sánchez-Solís y Carrillo, que remarcaron que los vendedores «son víctimas» de las tramas de juego ilegal, por lo que el refuerzo en las actuaciones, en la lucha contra esta lacra, «se centrará en los estamentos superiores de estas redes». Ningún tipo de presión sobre los vendedores, dejó claro el delegado del Gobierno, «que muchas veces no cuentan ni con contrato laboral». Hasta 28 de ellos, aclaró Morales, han sido 'rescatados' este año de las garras de la OID y contratados por la ONCE para que tengan una nueva oportunidad. «Lo fácil sería ir a por estos vendedores e intervenir los cupones, pero hay que ir al cogollo de estas organizaciones, cuyo 'modus operandi' cambia constantemente y son muy difíciles de perseguir», alertó Sánchez-Solís.

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