Sale adelante en la Asamblea la ley antidesahucios y de pobreza energética

Evitar el drama de los desahucios y los cortes de servicios básicos, como la luz y el agua, a familias que quieren pagar pero no pueden hacerlo. Ese es el objetivo de la modificación de la Ley de Vivienda, que ayer fue aprobada en la Asamblea Regional con los votos a favor de los partidos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y la abstención del PP.

La norma incorpora un mecanismo de mediación voluntaria extrajudicial entre bancos y otros grandes propietarios de viviendas con personas que tienen dificultades para pagar sus hipotecas. También entre quienes no pueden abonar los recibos de luz, agua o gas. De facilitar el arbitraje se encargará un servicio de la Consejería de Fomento.

Esta modificación normativa está inspirada en la Ley Antidesahucios de Cataluña, suspendida de forma cautelar porque ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Para evitar que ocurra lo mismo con la murciana, el texto ha sido suavizado durante su tramitación previa. Al contrario del caso catalán, el proceso de mediación es voluntario y permite a los grandes propietarios de viviendas suscribir un convenio con la Comunidad para sumarse a él. En los casos en que las ejecuciones estén iniciadas, se paralizará el proceso de desahucio para poder negociar.

La ley también impedirá que las familias sin recursos se queden sin luz, gas o agua. Las empresas suministradoras que se adhieran al convenio deberán avisar a los servicios sociales del municipio correspondiente sobre una situación de impago antes de cortar la electricidad o el agua.

Salvo el PP, todos los partidos destacaron el avance social que supone esta modificación contra los desahucios y la pobreza energética. El PP lamentó que fueran rechazadas sin ninguna explicación sus enmiendas. Integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con el cura Joaquín Sánchez al frente, también mostraron su satisfacción por el cambio normativo.