Detienen al encargado de una empresa agrícola acusado de acoso sexual a un jornalero

Fue la voz de alarma de uno de sus jornaleros, cercado por el presunto acoso sexual al que era sometido por un encargado y dos compañeros, el que puso el foco de la Policía Nacional sobre esta empresa agrícola de Santomera. Los investigadores de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) descubrieron, sin embargo, que esa acusación era solo la punta del iceberg. Los empleados de la firma de manipulación de brócoli sometían supuestamente a sus empleados a un continuo trato denigrante y vejatorio y los amenazaban constantemente con el despido si se quejaban de sus condiciones de trabajo. La operación se ha saldado con la detención de doce personas, entre ellas los encargados de la explotación y algunos de sus trabajadores -que se enfrentan a cargos por su estancia irregular en el país y por la presunta usurpación de identidades para poder trabajar-.

La denuncia por supuesto acoso sexual de uno de sus trabajadores fue el detonante de la operación. Según explicaron fuentes del cuerpo, este aseguró que un encargado y dos trabajadores le sometían a insinuaciones, exhibiciones y tocamientos de naturaleza sexual. La Policía Nacional inició una investigación por esta denuncia y descubrió otros hechos que dieron pie a la detención de sus responsables y a la apertura de un expediente disciplinario por parte de la Inspección de Empleo.

Los empresarios, según explicaron las fuentes, alentaban a sus trabajadores ilegales para que utilizasen identidades de sus compatriotas en estancia legal, con objeto de que pudiesen cotizar y cobrar, posteriormente, el paro y otras ayudas sociales. Además, los empresarios detenidos se aprovechaban supuestamente de la situación irregular de sus empleados para someterlos a condiciones abusivas en el entorno laboral.

En ocasiones, según explicaron las fuentes, los contratos laborales de los jornaleros eran para uno o dos días, con ocho horas de trabajo, cuando en realidad los contratados prestaban sus servicios a la firma durante todo un mes «con jornadas maratonianas de doce horas diarias». Además, al parecer, a los empleados se les pagaba por kilo producido, y no por hora como marca el convenio laboral, y las herramientas necesarias debían comprárselas ellos.