El juez procesa a la cúpula de la CAM por presuntas dietas ilegales a su presidente

Los presuntos delitos cometidos por los antiguos administradores de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) todavía ofrecen razones para seguir nutriendo de acusados los banquillos de la Administración de Justicia. El último asunto cuya instrucción acaba de concluir es el referido a las dietas supuestamente ilegales que el Consejo de Administración de la CAM aprobó el 27 de noviembre de 2009 para quien era el presidente, Modesto Crespo Martínez, y que acabaron reportándole más de 600.000 euros a los que en apariencia no tenía derecho.

El instructor de estas diligencias, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Alejandro González Mariscal de Gante, acaba de dictar por estos hechos un auto de procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento- que encamina hacia el banquillo a 21 altos responsables de la caja de ahorros, entre ellos el propio expresidente y beneficiario de las percepciones presuntamente ilícitas, Modesto Crespo, y el ex director general, Roberto López Abad, así como los murcianos Ángel Martínez Martínez y José García Gómez, que ocuparon un sillón en ese órgano.

En su escueta resolución, el juez considera que no es necesario practicar nuevas averiguaciones respecto de este asunto, que comenzó a ser investigado hace año y medio, a resultas de una denuncia interpuesta el 3 de septiembre de 2014 por los nuevos gestores de la entidad. En concreto, el instructor afirma que las diligencias ofrecen indicios de delito suficientes como para dirigir formalmente la acusación contra esos 21 ex altos cargos de la entidad bancaria.

Para comprender los hechos delictivos que se les atribuyen hay que tener en cuenta que la sociedad Tinser Cartera SL, que dependía al 100% de la CAM y que se encargaba de gestionar el patrimonio inmobiliario de la entidades, contaba con unos estatutos en los que se establecía, taxativamente, que los consejeros generales de esa mercantil, incluido el presidente, «tendrían carácter honorífico y gratuito, por lo que no podrían originar percepciones distintas de las dietas por asistencia y los gastos de desplazamiento que aprobase la Asamblea General, a propuesta del Consejo de Administración». Y todo ello «dentro de los límites máximos que en cada momento estableciese la autoridades competente», tal y como el instructor se encarga de recordar en su resolución.

Pese a esa expresa advertencia acerca del «carácter honorífico y gratuito» del desempeño de los cargos, «los miembros (del Consejo de Administración) de la CAM aprobaron el 27 de noviembre de 2009 el nombramiento del presidente de la entidad, Modesto Crespo, como presidente del Consejo de Administración de la sociedad participada Tinser Cartera SL. Igualmente aprobaron el pago al señor Crespo, en concepto de 'dieta única anual' de 300.000 euros, que tendría carácter retroactivo para el último semestre del año 2009». El acuerdo se adoptó por unanimidad de todos los integrantes, incluido Modesto Crespo, quien no se habría abstenido de votar a favor pese a ser el beneficiario de la decisión. También votó a favor el director general de la entidad, Roberto López Abad, quien oficialmente había sido el autor de la propuesta.

Ni esfuerzo ni responsabilidad

Ningún otro miembro del Consejo de Administración de Tinser Cartera SL habría percibido retribución alguna al modo de Modesto Crespo, quien sí se habría embolsado 150.000 euros imputables a un periodo anterior al de su nombramiento como presidente de esa mercantil y, por tanto, atribuibles a un periodo en el que todavía no estaba desempeñando cargo alguno en esa sociedad.

En total, sostiene el magistrado, «Modesto Crespo recibió al menos 600.000 euros por el desempeño de sus funciones de presidencia en un órgano de administración que, en el caso de Tinser Cartera SL, carecían de dedicación de tiempo, esfuerzo o responsabilidad», y que además se establecía expresamente que «eran gratuitas por disposición legal».

Además de Crespo, López Abad y los murcianos Ángel Martínez y José García Gómez (presidente de la Asociación de Conserveros de la Región), el juez atribuye presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal a Antonio Gil-Terrón Puchades, Armando Sala Lloret, José Forner Verdú, Aniceto Benito Núñez, Natalia Caballé Tura, Jesús José María Navarro Alberola, Manuel Navarro Bracho, Benito José Nemesio Casabán, Raquel Páez Muñoz, Ginés Pérez Ripoll, Salvador Piles Beso, Elia María Rodríguez Pérez, José Rovira Garcés, Martín Sevilla Jiménez y Ángel Óscar Strada Bello.