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Fuensanta Carreres
Jueves, 10 de marzo 2016, 01:40
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Los profesores tendrán la última palabra en caso de conflicto. El nuevo decreto de convivencia aprobado ayer por el Gobierno regional refuerza la autoridad de los docentes para resolver los conflictos en el aula o con los padres de alumnos, y otorga a su palabra la presunción de veracidad. Es decir, en caso de desacuerdo, la palabra de los profesores prevalecerá sobre la versión de los estudiantes, y el docente solo perderá la razón si quien no está de acuerdo con él consigue demostrar, con pruebas, que no se ajusta a la verdad. En virtud a esa presunción de veracidad, bastará con la versión del docente para que el alumno sea castigado, al menos en los casos leves. La presunción de veracidad de que gozan ya los docentes viene derivada de su consideración, desde hace ya dos años, como autoridad pública.
La prevalencia de la versión del docente es una de las novedades del nuevo decreto de convivencia escolar, que tipifica al detalle las faltas y sus correspondientes castigos, y sustituye al de 2005, que ha quedado obsoleto por los cambios normativos y sociales.
Es el caso del uso de las nuevas tecnologías en el aula, que el decreto regula al detalle. La normativa, de obligado cumplimiento en todos los colegios e institutos de la Región, detalla sanciones leves, graves y muy graves para los alumnos que hagan un uso indebido de su móvil en el centro educativo.
El decreto establece como falta leve, castigada con sanciones que van desde la retirada del móvil al cambio de grupo o la expulsión por unos días, su uso sin autorización. El mero hecho de grabar o difundir imágenes o comentarios relacionados con la vida escolar constituye una falta grave, con sanciones como la prohibición a asistir a las actividades extraescolares, el cambio de grupo durante quince días, la expulsión durante ese periodo o la realización de tareas fuera del horario lectivo. La grabación o difusión de hechos «que atenten contra la integridad o dignidad de la persona, así como los que tengan un componente sexual o violento», constituyen una falta muy grave que puede acarrear la expulsión.
Aunque muchos profesores retiraban el móvil a sus alumnos cuando lo utilizan sin permiso, en algunos casos se exponían a las quejas y denuncias de los padres, que lo consideraban un castigo desproporcionado. Los docentes quedan ahora respaldados de forma explícita para aplicar esa sanción.
El nuevo decreto establece también que el consumo de drogas en el instituto o sus alrededores es una conducta grave, y puede ser sancionada con la expulsión un mes. El tráfico de estupefacientes será una falta muy grave y puede suponer la expulsión definitiva.
Servicios a la comunidad
La normativa pone el acento en el uso de la mediación escolar en la resolución de conflictos, para que los profesores eviten, en la medida de lo posible, los procedimientos correctivos. Además, incorpora medidas correctoras de carácter reeducador, como la realización de tareas o servicios a la comunidad o de actividades de aprendizaje de pautas de conducta correctas.
También hace especial incidencia «en la protección de la víctima; hasta ahora se centraba fundamentalmente en corregir al agresor y hemos girado el foco también hacia la víctima», detalló ayer la consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, tras la aprobación del decreto en el Consejo de Gobierno.
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