Borrar
Ródenas, sentando junto al diputado Juan Guillamón, preparado para intervenir.
Ródenas justifica el modelo privado de Escombreras porque redujo los plazos

Ródenas justifica el modelo privado de Escombreras porque redujo los plazos

El ex director general de Aguas y Bascuñana se desmarcan de los órganos que eligieron la fórmula administrativa para construir la planta

Gregorio Mármol

Jueves, 25 de febrero 2016, 01:27

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

En su afán por eludir posibles responsabilidades en la promoción y construcción de la desalinizadora de Escombreras, Joaquín Bascuñana y Miguel Ángel Ródenas acabaron, involuntariamente, estrechando el círculo de personas que tomaban las decisiones sobre una infraestructura por la que el Gobierno regional paga mensualmente un millón de euros al grupo empresarial ACS. Ante la comisión de investigación de la Asamblea Regional, ayer, el exconsejero de Obras Públicas entre los años 2003 y 2007 no recordó que hubieran tomado decisiones, sobre esa planta, en las decenas de Consejos de Gobierno a los que asistió durante los nueve años que permaneció en el gabinete de Ramón Luis Valcárcel. Todos esos asuntos los llevaba el consejo de administración del Ente Público del Agua (EPA), dijo.

Sin embargo, quien fue consejero de ese organismo público cuando era director general del Agua de la Comunidad, Miguel Ángel Ródenas, también rechazó haber tomado decisiones sobre esa desaladora. Ni siquiera recordó un hecho tan relevante como que el consejo, al que pertenecía, hubiera autorizado la suscripción de un aval bancario de 114 millones para costear la planta. «Si uno dice que no era el Consejo de Gobierno, y el otro que tampoco era el consejo de administración del EPA, es que las decisiones sobre la desaladora se tomaban en un círculo muy reducido, que ya vamos estrechando», simplificó el diputado socialista Jesús Navarro, que evitó dar nombres.

La declaración de Ródenas ante la comisión de investigación fue la más interesante de la tercera jornada de comparecencias. Primero, por el conocimiento que sobre gestión de recursos hídricos tiene el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Y, segundo, porque introdujo un argumento nuevo para justificar la apuesta de la Comunidad por un proyecto privado y pequeño, en comparación con los promovidos por el Estado en Águilas, Valdelentisco (Mazarrón) y San Pedro del Pinatar: el de Escombreras acortó los plazos para conseguir agua, ya que estaba en funcionamiento en 2009, después de tres años de obras, y los otros no entraron en funcionamiento hasta 2013. La crítica situación requería celeridad, destacó.

El emplazamiento, esencial

Además, «está muy bien situada, en una zona industrial; tiene un buen punto de vertido en el puerto. Emplazar una actividad de este orden es un problema enorme», que en este caso fue posible eludir. Ahora, dijo, es «una magnífica instalación».

Sin embargo, el exdirector general del Agua entre 1995 y 2011 declaró no recordar los detalles de la tramitación de la planta, porque llevaba una vida muy ajetreada y se dedicaba «al 99%» al plan de saneamiento para construir 45 depuradoras de aguas residuales. Ródenas atribuyó a un cambio normativo los diferentes criterios que mantienen en la comisión sobre si las atribuciones para emitir informes de disponibilidad de agua a los municipios correspondía a la Confederación o al EPA, que estaba facultado para ello por la Asamblea.

La principal coincidencia de Ródenas y Bascuñana fue enmarcar el origen del proyecto de Escombreras en la «situación agonizante», en palabras del primero, que vivía la Región en 2005 por la escasez de agua y la derogación del Plan Hidrológico Nacional que iba a proporcionar recursos por medio del trasvase del Ebro. Aunque en ese punto, el exconsejero admitió, a preguntas del diputado de Podemos Antonio Urbina, que nunca recibió informes sobre la posibilidad de que la escasez provocara cortes. «No tuve información de que en algún momento faltara agua para consumo humano. Hubo inquietud, pero la situación quedó resuelta por el Ministerio de Agricultura», aclaró.

El exconsejero destacó que todos los proyectos urbanísticos municipales que fueron avalados por su departamento tenían «los informes favorables», y que el documento que necesitaban de la CHS para aprobar el planeamiento era «preceptivo, pero no vinculante». Bascuñana defendió la existencia del EPA y el trabajo realizado. Ante los diputados, se esforzó por justificar que los ayuntamientos murcianos planificaran a mediados de la década pasada su desarrollo urbanístico y actualizasen sus planes generales, porque estos suelen tener una vigencia media de 30 años, el ritmo de construcción iba a ser de unas nueve mil viviendas anuales y la CHS garantizaba agua para un millón más de habitantes a partir de 2010. No hubo 'boom' del ladrillo, advirtió.

«No tengo por qué contestar»

Entre esos desarrollos planteados destaca Novo Carthago, con 10.000 casas junto al Mar Menor. A preguntas de Urbina, Bascuñana se negó a aclarar si conocía a su promotor, Rafael Galea, de Hansa Urbana. «No es tema de esta comisión. No tengo por qué contestar», dijo nervioso el exconsejero, imputado judicialmente por la recalificación de los terrenos para esa urbanización.

Como en las comparecencias de Valcárcel y Antonio Cerdá, la oposición orientó sus preguntas a intentar aclarar si la desalinizadora fue un proyecto improvisado, descontrolado por los órganos autonómicos y caro, que estaba orientado a abastecer a cualquier precio las grandes urbanizaciones proyectadas cuando el gobierno de Valcárcel demandaba trasvases para la agricultura al grito de 'Agua para todos'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios