Funcionarias al poder

La Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, Fses e Intersindical han cerrado un acuerdo para desarrollar entre 2016 y 2017 un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la administración general de la Comunidad Autónoma, en la que ellas son mayoría, pero donde ellos copan los puestos de responsabilidad y mejor retribuidos.

El plan, que debe ser ratificado en la Mesa General de la Función Pública, incluye un estudio de diagnóstico que muestra cómo las mujeres han ido aumentando su presencia en el empleo público regional hasta ocupar el 62,8% de todas las plazas en el año 2014 -en la Región representan el 49% de los habitantes entre 18 y 70 años-. Sin embargo, persiste una enorme desigualdad con respecto a los hombres en asuntos como la formación, la incapacidad laboral, la provisión de puestos, la promoción interna, las retribuciones e incluso la representación laboral, a causa de la reproducción en las plantillas de la Comunidad de los roles sexistas que subsisten en la sociedad.

A la vista de la evolución de la mujer en la Administración regional, el director general de Función Pública, Enrique Gallego, prevé que «en ocho o diez años, tres de cada cuatro empleados públicos de la Comunidad serán mujeres», de ahí que crea que uno de los objetivos básicos de este plan debe ser «vencer ciertos obstáculos para que la mujer pase a ocupar, en proporción lógica a su número, más puestos directivos».

Roles tradicionales

El diagnóstico realizado sobre la situación en la administración general revela, por ejemplo, que a pesar de ser más numerosas las mujeres, los hombres las superan en el grupo de mayor categoría, el A1, así como en los puestos de más responsabilidad, como son los de nivel 30, las jefaturas de servicio e incluso entre los altos cargos del Ejecutivo. «En el ámbito de las posiciones administrativas superiores -precisa el estudio-, los hombres están sobrerrepresentados en todas las categorías».

Más de la mitad de las mujeres funcionarias (el 57,83%) se congregan en las áreas de educación, cultura y el IMAS, es decir, consejerías y organismos «relacionados con roles tradicionales de cuidado, asistencia y educación». Esta distribución de los sexos por especialidades supone que haya puestos que desempeñan unos u otros de forma casi exclusiva. Por ejemplo, el 92,73% de las plazas de educadores infantiles son mujeres, mientras que el 98,04% de los agentes medio ambientales son hombres.

El desigual reparto de las cargas familiares influye profundamente en el empleo público, ya que esta circunstancia hace que el 92,5% de las personas en excedencia por cuidado de hijos son mujeres, las cuales, además, triplican a los hombres en el número de bajas por enfermedad e incapacidad laboral, circunstancia que repercute en la carrera profesional.

Del personal interino, la inmensa mayoría son mujeres, y también son ellas las que en mayor número (78,36%) renuncian de forma expresa a nombramientos como personal interino. Los datos del estudio muestran también que las mujeres salen perjudicadas cuando los puestos en la administración se cubren por libre designación (el 50,6% son para ellas) en comparación a cuando se cubren según los criterios de mérito y capacidad (62,6%).

Las diferencias incluso se extienden a la representación laboral dentro de la Comunidad, puesto que, a pesar de ser el 62,8% de los 8.632 empleados públicos de la administración general, las mujeres solo ocupan el 45% de los puestos en los órganos de representación sindical, como son el comité de empresa y la junta de personal.

La radiografía que realiza el informe de diagnóstico ha servido para que la Dirección General de Función Pública y los representantes sindicales elaboren un plan de actuación, a través de 47 medidas concretas, entre cuyos objetivos están promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, garantizar la igualdad real de ambos sexos en las condiciones de trabajo, lograr una representación equilibrada de las mujeres y hombres y promover la sensibilización sobre la igualdad de trato y oportunidades.

Uno de los principales epígrafes del plan de actuación se refiere a las medidas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en el que se plantea el estudio de viabilidad para la implantación de un servicio de ludoteca o aula-taller para la atención de hijos cuando los empleados deban acudir a cursos en la Escuela de Formación de la propia Comunidad. También se propone regular los permisos por asistencia médica de hijos menores, la elaboración de un programa de teletrabajo y la posibilidad de fraccionar el permiso por enfermedad grave de un familiar en cualquier momento.

Cursos obligatorios

Con respecto al acceso al empleo público, se modificará la normativa en materia de selección y provisión para que, en caso de empate en las puntuaciones, se tenga en cuenta el sexo infrarrepresentado en el cuerpo, escala u opción. También se procurará que en los tribunales y órganos de selección haya una representación equilibrada de hombres y mujeres, así como la inclusión en todos los textos selectivos de temas sobre igualdad de oportunidades, violencia de género y uso de lenguaje no sexista.

En materia de formación, entre las medidas propuestas figura la realización de un curso obligatorio sobre igualdad de oportunidades, se reservarán para las mujeres, como mínimo, un 40% de las plazas ofertadas en los cursos que tengan por objeto reforzar las habilidades directivas y se dará prioridad en la formación a las personas que se reincorporen al servicio tras una licencia o excedencia por maternidad o paternidad o cuidado de personas dependientes.

También está previsto que en las adscripciones provisionales, comisiones de servicio y traslados forzosos se tengan en cuenta las circunstancias especiales relacionadas con la conciliación de la vida familiar, al tiempo que se estudiará la posibilidad de firmar convenios con otras administraciones, tanto locales como autonómicas y estatal, para facilitar la movilidad de las víctimas de violencia de género.

Casi la totalidad de las actuaciones serán desarrolladas por el personal de la Dirección General de Función Pública, por lo que la aplicación del plan apenas costará unos 100.000 euros.