La Verdad

José Antonio Alonso, en un gesto cariñoso hacia Pilar Barreiro, en un acto en 2003.
José Antonio Alonso, en un gesto cariñoso hacia Pilar Barreiro, en un acto en 2003. / J. M. R. /AGM

La trama 'Púnica' ultimaba un pelotazo en Cartagena con un concurso amañado

  • «Hay instrucciones directas de la que manda», se escucha decir a un directivo que optaba a un contrato de eficiencia energética

Unos cuantos se salvaron por la campana. Si la extensa trama desmantelada por la 'Operación Púnica' no es todavía más voluminosa, tanto en el número de implicados como en los contratos supuestamente amañados, hay que achacarlo a que la precipitación de la intervención policial -por el miedo a que una posible filtración desbaratase el caso- evitó que algunas negociaciones de apariencia ilícita que estaban ya muy avanzadas acabaran culminando.

En esa línea apunta el contenido de las investigaciones judiciales que coordina el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que ahora han permitido conocer que la trama estaba preparando un nuevo pelotazo en el Ayuntamiento de Cartagena, vinculado a un contrato de eficiencia energética para el municipio. Conversaciones intervenidas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre dos de los implicados, en septiembre y octubre de 2014, desvelan el plan que habían preparado para amañar el concurso. Y dejan entrever que la entonces alcaldesa del PP en la ciudad, Pilar Barreiro, no era ajena al asunto: «Hay instrucciones directas de la que manda», le dice uno de los interlocutores al otro, en una supuesta alusión a la primer edil.

Durante sus años al frente del Consistorio cartagenero, Barreiro era conocida popularmente por el apelativo de 'La Jefa'; algo de lo que ella misma llegó a vanagloriarse en alguna ocasión.

El hecho de que la 'Operación Púnica' se desencadenara el 27 de octubre, apenas unos días después de producirse esas conversaciones, impide conocer si el intento de amaño del contrato habría tenido éxito.

Levantamiento del secreto

Estos nuevos datos sobre los manejos de la 'trama Púnica' se conocieron ayer, cuando el mencionado juzgado entregó a las distintas partes del proceso miles de folios sobre los que acaba de levantarse el secreto.

Es un informe de la UCO el que recoge los extractos de las conversaciones mantenidas entre el director de Mercado Público de la firma Cofely, Pedro García Pérez, y Carlos Cifuentes, administrador de la firma Consultoría Lumínica, el que permite ahondar en las maquinaciones para adjudicarse un contrato de eficiencia energética en Cartagena. Así, el 30 de septiembre de 2014, Pedro García le hace saber a Carlos Cifuentes que «de lo que se trata es que el Ayuntamiento quieren que le hagan una auditoría (energética), porque está hasta los cojones de SICE (otra mercantil) y se ha posicionado al lado de Cofely, por lo que urge (hacer el estudio)».

Según esa conversación, el Consistorio presidido entonces por Pilar Barreiro se habría comprometido a abonar hasta 18.000 euros a Consultoría Lumínica, a través de una adjudicación directa, para que realizara la mencionada auditoría, y el resto, hasta 60.000 euros, los abonaría Cofely, la empresa interesada en llevarse el concurso.

Lo que ambos pretenden, según los analistas de la UCO, es que Carlos Cifuentes -no imputado hasta el momento- haga la auditoría a través de una de sus empresas (Consultoría Lumínica o Gestión 13 servicios Logísticos Asesoramiento Técnico) y, seguidamente, le permitan formar parte de la mesa de contratación, «y así poder hacer lo que tengan que hacer contigo». Esto es, adjudicarle el concurso a Cofely.

Y aunque señala a continuación que «quien lo tiene que resolver es Juan Vicente», añaden que «en este caso no será necesario, ya que están alineados por instrucciones de la que manda».

Los UCO concluyen que existe «un concierto entre el Ayuntamiento, Cofely y la empresa que realiza la auditoría» con el fin de garantizarse la adjudicación.

Se da la circunstancia de que uno de los interlocutores, el director de Mercado Público de Cofely, Pedro García Pérez, fue compañero del exalcalde socialista de Cartagena e íntimo amigo de Pilar Barreiro, José Antonio Alonso, ya que ambos coincidieron tiempo atrás en otra compañía también dedicada al suministro eléctrico: Dalkia. En esta multinacional trabajaron asimismo otros dos destacados implicados de la 'trama Púnica', el director Comercial de Cofely, Constantino Álvarez de la Cueva, y uno de los hombres de confianza de Alonso, el también cartagenero José Fidel Saura. Este último también aparece imputado en las diligencias, pues como jefe que era del gabinete del entonces consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, sirvió supuestamente de trampolín a la trama corrupta para entrar en ese organismo.

Alonso se ofreció de enlace

Este periódico ya desveló el pasado agosto que el exalcalde José Antonio Alonso se ofreció a otro de los presuntos 'cerebros' de la trama, su exsocio David Marjaliza, quien trabajaba para Cofely, a propiciar un encuentro con Pilar Barreiro para que esta empresa le ofreciera sus servicios. «Es que Marjaliza -explicó Alonso en su declaración ante el juez Velasco- trabajaba como consultor de la firma Cofely y yo hacía lo mismo para la competencia, que es Dalkia. Le dije que si algún directivo de su firma quería ver a Pilar, que me lo dijera a mí y yo se lo transmitía».

Alonso confirmó que el encuentro entre el director comercial de Cofely, Constantino Álvarez, y la entonces alcaldesa de Cartagena se acabó produciendo.

Estas manifestaciones de Alonso llamaron poderosamente la atención del magistrado, que no ocultó su sorpresa por el hecho de que también Marjaliza actuara como consultor de una firma energética. «¿Y qué sabe Marjaliza de energía? ¿Marjaliza también es consultor? ¿Pero asesor como usted? ¿Introductor? ¿Conseguidor...? ¡No sé ya cómo llamarle!».

Cofely, la compañía que se estaba situando en octubre de 2014 para hacerse con un gran contrato sobre eficiencia energética en Cartagena, resultó beneficiaria de numerosas adjudicaciones públicas, presuntamente amañadas por la red, en municipios madrileños