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El exconsejero Antonio Cerdá, este miércoles en la Asamblea.
Cerdá: «La desaladora es legal, necesaria y rentable»

Cerdá: «La desaladora es legal, necesaria y rentable»

El exconsejero de Agricultura y Agua señala ante la comisión que investiga la planta de Escombreras que «nadie en el Gobierno se opuso» a su instalación

Gregorio Mármol

Miércoles, 17 de febrero 2016, 09:16

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El exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente Antonio Cerdá manifestó este miércoles ante la comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras que la constitución del Ente Público del Agua de la Región de Murcia y el diseño de la estructura societaria para construir y explotar esa planta con empresas del grupo ACS fue «legal». A preguntas primero del diputado socialista Jesús Navarro y luego del portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, Cerdá defendió que el ente público tenía plenas facultades para promover una instalación de ese tipo, «porque era organismo de cuenca y tenía esas competencias. Nadie en el Gobierno se opuso a esa decisión».

Sobre el modelo elegido para promover la planta, a preguntas del diputado de Podemos Antonio Urbina, el exconsejero aseguró que la decisión estuvo cimentada en «sólidos informes jurídicos, técnicos y económicos» elaborados por despachos privados. «Tan válido es un modelo privado como público. La Entidad Pública del Agua se rige por el derecho privado», añadió después, ante la insistencia de los diputados para que aclare por qué no sacaron a concurso público la construcción y explotación de la desalinizadora.

Cerdá insistió en que la planta es «necesaria» y «rentable». Como hizo el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel la semana pasada ante la misma comisión, insistió en que la desalinizadora está actualmente a buen rendimiento, garantizando el suministro de agua al Campo de Cartagena y sosteniendo actividades agrícolas que proporcionan trabajo a unas cuatro mil personas.

El consejero también negó que la desalinizadora pueda costar unos 600 millones de euros a la Comunidad y aseguró que tiene constancia de que a finales de 2014 había negociaciones abiertas entre la Comunidad Autónoma y el grupo de empresas ACS para cerrar un precio de venta que oscilaría entre los 140 y los 180 millones de euros.

En su turno de intervención, el diputado del PP Juan Luis Pedreño criticó el sistema de comparecencia porque «parece un juicio que no entendemos».

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