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La Asamblea solo admitirá el presupuesto cuando sus juristas digan cómo hacerlo

Peñalver garantiza que no habrá correcciones al Consejo Jurídico y que el dictamen de los letrados de la Cámara resolverá dudas sobre tramitación

Gregorio Mármol

Miércoles, 18 de noviembre 2015, 01:26

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La presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, se vio obligada a aclarar ayer que los informes que han solicitado los tres grupos de la oposición a los servicios jurídicos de la Cámara sobre los presupuestos de 2016 se limitarán a evaluar la situación en la que se encuentra la tramitación de ese proyecto de ley y su ajuste a la legalidad. En ningún caso, aseguró, es objeto de ese estudio pronunciarse sobre el dictamen del Consejo Jurídico de la Región que ha permitido al Ejecutivo murciano presentar en el Parlamento las cuentas de 2016.

Peñalver aseguró que el informe debe aclarar diversas cuestiones sobre la tramitación legal, pues los presupuestos «no incluyen el techo de gasto», aunque éste queda fijado en 4.100 millones de euros en las cuentas que le entregó el jueves el consejero de Hacienda, Andrés Carrillo.

«Es conveniente esperar dos o tres días antes que arriesgarse a debatir unos presupuestos que vienen sin techo de gasto, que hasta ahora se decía que era obligatorio que lo trajera», dijo Peñalver. La presidenta de la Asamblea insistió en que es necesario un informe legal que diga cómo tramitar los presupuestos y la manera de que los cuatro grupos políticos puedan enmendarlos. «Como no hay techo de gasto, ¿puede un grupo solicitar al Gobierno que triplique el presupuesto para el año que viene? ¿Cuándo y cómo? Todo eso es lo que pretende aclarar el informe, no corregir al Consejo Jurídico», dijo.

Peñalver realizó esas aclaraciones tras publicar 'La Verdad' que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Jurídico de la Región, en su artículo segundo, advierte de que los asuntos sobre los que ya haya dictaminado «no podrán ser sometidos a dictamen ulterior de ningún otro órgano o institución» murciana.

Sobre este asunto, el vicesecretario general de Organización del PP y diputado regional, Fernando López Miras, lamentó que con el bloqueo «se quiera hurtar» el derecho de los murcianos a conocer las medidas que se recogen en los presupuestos para 2016: «Nos tendrán enfrente y exigiremos responsabilidades, porque esto ha llegado a un límite y no todo vale».

No a la petición del PP

El PP volvió a pedir ayer sin éxito a la Junta de Portavoces y a la Mesa de la Asamblea el desbloqueo de los presupuestos, su admisión a trámite y su programación mediante la aplicación del reglamento parlamentario, como se ha hecho siempre. El portavoz de ese partido, Víctor Manuel Martínez, acusó a la oposición de mantener «una actitud temeraria que daña el interés de la Región porque se ha cruzado una línea peligrosa al desobedecer el dictamen del Consejo Jurídico, la ley que lo regula y el dictamen que avala el trámite de los presupuestos». Al cruzar esa frontera, aseguró Martínez, ahora está en juego la credibilidad de la institución.

Por este asunto, Martínez volvió a enfrentarse a los representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos durante la Junta de Portavoces. Los tres defendieron que los informes solicitados no ponen en duda el dictamen del Consejo Jurídico, sino que buscan resolver dudas técnicas sobre la legalidad de la tramitación y el techo de gasto. Pero Martínez solo ve un bloqueo en toda regla para retrasar la aprobación de las cuentas.

Como Peñalver, el líder del PSOE, Rafael González Tovar, dijo necesitar indicaciones legales sobre cuál es el proceso a seguir ahora, teniendo en cuenta tanto el dictamen como la ley de Estabilidad Presupuestaria y el reglamento de la Asamblea. Óscar Urralburu, de Podemos, añadió que si no hay seguridad jurídica en este proceso alguien podría recurrir los presupuestos una vez aprobados, por lo que es imprescindible que quede garantizada esa seguridad, máxime cuando es el propio Ejecutivo el que presentó con retraso el presupuesto. El diputado de Ciudadanos Juan José Molina reiteró la necesidad de recibir asesoramiento jurídico sobre si la tramitación es legal y reglamentaria.

La polémica podría acabar cuando la Secretaría General de la Asamblea evacue su informe en unos días, según Rosa Peñalver. «Me he comprometido a llevar este asunto a la Mesa en cuanto estén las dudas aclaradas», aseguró en declaraciones a 'La Verdad'.

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