La querella por prevaricación por el puerto de Mazarrón salpica al alcalde de Yecla

A la hipoteca que suscribió Pedro Antonio Sánchez para poder convertirse en presidente del Gobierno regional no dejan de crecerle los intereses. Y el fiador, la formación política Ciudadanos, lleva ya unos días amagando con retirarle la confianza si no es capaz de cumplir con unos compromisos adquiridos que cada día se tornan más difíciles de satisfacer.

A la polémica generada por la imputación de la alcaldesa popular de Torre Pacheco, Josefa Marín, por el supuesto nombramiento ilegal de la interventora municipal se sumó poco después la noticia del encausamiento de tres concejales de Puerto Lumbreras -antiguos colaboradores del propio Sánchez en sus tiempos de alcalde- por el 'caso Auditorio'. Los cuatro siguen en sus puestos, pues ni parecen tener la menor intención de dimitir ni desde el PP se está forzando la máquina, al menos en apariencia, para que dejen sus responsabilidades públicas.

Por si esta situación no había inyectado ya suficiente tensión al acuerdo con C's, una querella por prevaricación acaba de salpicar a uno de los hombres de la máxima confianza de Pedro Antonio Sánchez, el alcalde de Yecla y diputado regional, Marcos Ortuño, lo que amenaza con complicar mucho más el ya difícil equilibrio entre C's y el PP.

'La Verdad' ha tenido conocimiento de que Marcos Ortuño ha sido citado a declarar, en calidad de imputado, por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, por un presunto delito de prevaricación, en el que podría haber incurrido durante el periodo en el que desempeñó el cargo de director general de Transportes y Puertos de la Comunidad Autónoma. Junto a Ortuño ha sido encausado el exconsejero de Obras Públicas, exdelegado del Gobierno y exsenador, Joaquín Bascuñana, quien ya está apartado de la vida pública.

Se da la circunstancia, sin embargo, de que Marcos Ortuño es diputado en la Asamblea Regional y que, por tal razón, dispone de un fuero especial que impide que un juez ordinario pueda imputarlo a no ser que el político renuncie voluntariamente a ese privilegio.

Ortuño aseguró ayer a este periódico que se ha puesto a disposición de la Justicia y que está dispuesto a declarar voluntariamente este mismo miércoles, ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, si la juez le permite renunciar a esa prerrogativa. Una toma de declaración que, en este caso, solo podría realizarse en calidad de querellado y asistido por su abogado, toda vez que de sus palabras podrían deducirse datos o circunstancias que lo inculpen.

Los hechos indiciariamente delictivos que se les atribuyen a Ortuño y Bascuñana tienen que ver con la querella presentada por un grupo de socios del Club Náutico Puerto de Mazarrón, que les imputan haber violado a conciencia la ley cuando permitieron en 2005, en su etapa en la mencionada Consejería, que la titularidad de la concesión administrativa de esas instalaciones náuticas cambiara de manos de forma presuntamente irregular.

Como este periódico ya publicó en exclusiva en junio, los afectados recuerdan en su querella que la Comunidad Autónoma convocó un concurso en 2003 y acabó otorgando a la sociedad Club Náutico Puerto de Mazarrón una concesión administrativa, por un periodo de 25 años, para construir y explotar la dársena deportiva de esas instalaciones portuarias. Dos años más tarde, la Administración amplió la concesión para acometer una serie de mejoras, entre las que se encontraba construir un muelle-pantalán, ampliar la dársena, adecuar el muelle para uso deportivo, ampliar la explanada y construir un aparcamiento subterráneo.

Los denunciantes relatan cómo, a finales de 2005, el entonces presidente del Club Náutico, J.M.R., cedió por 160.000 euros la titularidad de los derechos de ese puerto a la sociedad Bolnuevo de Turismo SA (Boltusa), lo que habría hecho de forma supuestamente irregular por no haber contado con la preceptiva autorización de la asamblea de socios.

Curiosamente, insisten en su querella, solo dos meses y 22 días más tarde, el mencionado presidente del Club Náutico, J.M.R., pasó a ser nombrado administrador único de Boltusa y a figurar como propietario de más del 50% de las acciones. Seguidamente, ocho meses después de esa operación, la Comunidad habría autorizado la modificación de las tarifas para los socios, con una subida de un 315%.

Esta maniobra habría sido tremendamente perjudicial para estos socios. Y resaltan que no habría tenido consecuencia alguna de no ser porque la Consejería dictó una orden, en noviembre de 2005, por la que autorizaba esa cesión.

«Una flagrante ilegalidad»

La querella, suscrita por el abogado Diego de Ramón Hernández, asegura que esa autorización por parte del departamento que dirigía Bascuñana constituyó «una clamorosa y flagrante ilegalidad y una arbitrariedad». Así, aunque la orden del consejero recogió expresamente que la decisión ha sido adoptada «habiéndose cumplido en la tramitación del expediente los requisitos legales», la denuncia señala que se hizo constar así «de manera dolosa y maliciosa», pues presuntamente se vulneró por completo la legislación.

En concreto, señalan los querellantes que, para que la Administración autorice esas cesiones, la empresa adjudicataria original debe haber ejecutado ya el 20% del contrato o explotado el servicio durante la quinta parte del tiempo fijado. Una circunstancia que no se habría cumplido ya que solo habían transcurrido 2 de los 25 años de la concesión.

Tampoco se habría hecho comprobación alguna para saber, como marca la ley, si el adjudicatario y el cesionario tenían solvencia y capacidad para contratar con la Administración. De hecho, señalan que existe un informe del jefe del Servicio de Infraestructuras que alerta de que todos esos aspectos no estaban acreditados.

Pese a ello, el entonces director general de Puertos, Marcos Ortuño, habría informado favorablemente de la cesión, que luego fue ratificada por orden de Bascuñana.