Protección de Datos reprocha que se publicara información personal de los funcionarios

La Agencia Española de Protección de Datos ha reprochado al Gobierno regional que la publicación de los archivos con las nóminas y otros datos de los 8.700 funcionarios de la Comunidad incluyera información innecesaria. El informe jurídico de la agencia, que advierte además de que no se cumplió con el trámite de audiencia, va más allá, y es taxativo al señalar que «no existe habilitación legal para publicar otro tipo de información (además del puesto y las retribuciones de los empleados públicos), como el hecho de tener nombrado un sustituto y su identificación, la titulación académica, la jornada desempeñada, si es el primer destino o no; menos aún para toda la información incluida en el apartado observaciones relativa a idiomas, si dispone de permiso de conducir, si tiene horario especial o jornada nocturna o pernocta en el centro de trabajo, entre otras», destaca el informe.

La consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, admitió el martes que la publicidad de las nóminas fue eliminada después de recibir la advertencia de la Agencia de Protección de Datos, que consideró, como viene recogido en el informe jurídico, que no se siguió el procedimiento correcto cuando se subieron los informes a la web. «No se cumplió el trámite de audiencia; se tendía que haber comunicado a los empleados públicos la publicación de sus datos para dar oportunidad a la presentación de alegaciones».

Sin embargo, la consejera defendió que la Agencia de Protección de Datos había respaldado la legalidad de la información publicada en la web. El informe en cambio pone en cuarentena el exceso de información, y reprocha que «existe un límite en cuanto a la información que puede publicarse y la que no». El informe de la Agencia de Protección de Datos insiste además en que la Administración debe, en todo caso, «informar expresamente al interesado», y no facilitará el acceso «cuando afecte a uno o varios empleados o funcionarios que se encuentren en una situación de protección especial, por ejemplo, víctimas de violencia de género».