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Ricardo Fernández
Miércoles, 7 de octubre 2015, 00:41
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Limpio de polvo y paja. Así ha dejado el Tribunal Supremo a un empresario murciano vinculado al negocio de la prostitución, José Vera Ruiz, muy conocido en esos ambientes por haber explotado durante largos años el club Pipo's de Orihuela. El Alto Tribunal lo ha absuelto de los cuatro delitos por los que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona -inducción a la prostitución, asociación ilícita, cohecho continuado y uso de información privilegiada-, en relación al denominado 'escándalo Riviera-Saratoga', y ha dejado sin efecto la condena de siete años y once meses de cárcel que le había sido impuesta. En la misma situación, esto es, absuelto, ha quedado su socio Antonio Herrero Lázaro, condenado por esos mismos delitos, con excepción del cohecho.
El 'caso Riviera-Saratoga' estaba considerado uno de los mayores asuntos de corrupción policial vinculada a clubes de alterne que se han destapado en España en las últimas décadas. Así lo demuestra el hecho de que tres mandos de la Policía Nacional (el comisario Luis Gómez, el inspector José Javier Martín Pujal, y el inspector Andrés Otero) fueran condenados por cohecho y que ahora el tribunal haya ratificado que incurrieron en ese delito. Sin embargo, les retira las penas de prisión y deja las condenas en tres años de inhabilitación especial, para cada uno de ellos, y multas que van de 6.000 a 12.000 euros.
Quienes peor salieron en la sentencia ahora revocada por el Supremo fueron los cuatro empresarios que explotaban los prostíbulos Riviera y Saratoga de Casteldefells: los mencionados José Vera y su socio Antonio Herrero Lázaro, y Raúl Pascual y José Carlos Hazas. Para ellos solicitó la Fiscalía penas que sumaban hasta 44 años de prisión, aunque finalmente se quedaron entre ocho y diez años. Ahora, el Alto Tribunal los exculpa por completo.
La investigación se inició hace seis años, a raíz de la denuncia presentada por una trabajadora, y permitió sacar a la luz una trama de corrupción en la que estaban implicados un grupo de policías, que fueron acusados de dispensar un trato de favor a los dueños de esos establecimientos a cambio de sobornos. Entre los servicios prestados por los agentes se incluía información privilegiada sobre redadas.
El Supremo ha admitido ahora el recurso de Mariano Bó, letrado de José Vera, y declara sobre la actuación de este empresario murciano que no se ha acreditado que tuviera conocimiento de la existencia de «una estrategia de contactos» para corromper a funcionarios y facilitar así la inducción a la prostitución.
Para el TS, «la Audiencia se limitó a implicarle genéricamente en esa 'estrategia', que en lo que a él se refiere no tiene más desarrollo», por lo que revoca la condena.
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