Podemos advierte de que la llegada del AVE sufrirá «probablemente un retraso»

El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, advirtió que la llegada del AVE a Murcia sufrirá "probablemente" más retrasos, precisamente, como consecuencia de la nueva propuesta realizada tras el acuerdo entre PP y Ciudadanos, ya que el anterior proyecto estaba aprobado desde marzo y tenía un proceso de elaboración de 18 meses.

Así lo hizo saber Urralburu a los medios de comunicación tras mantener un encuentro con el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, a quien transmitió los "problemas" que existen en las infraestructuras de la Región de Murcia, especialmente sobre la "cierta inseguridad política y jurídica que tiene la propuesta que ha hecho el Gobierno regional sobre el AVE".

Urralburu reconoció que el Ministerio de Fomento tiene la propuesta sobre la mesa pero, de momento, "no hay una resolución firme", el proyecto "no está redactado" y "tampoco existe un informe jurídico sobre la viabilidad y los costes que pueda tener la revocación de los conciertos y contratos que ya existen y que son vigentes, con un plazo de ejecución aprobado".

Ahora, advirtió, habría que suspender parte del proyecto y reelaborarlo, lo que "evidentemente va a retrasar la ejecución", pero "nadie sabe nada", lamentó Urralburu, quien señaló que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos "no implica a las partes que toman las decisiones, que es el Ministerio de Fomento y Adif", por lo que es un pacto "en falso".

Centro de internamiento de extranjeros

Por otra parte, Urralburu aprovechó el encuentro para transmitir a Sánchez-Solís sus inquietudes sobre las condiciones de salubridad, salud y atención médica de los inmigrantes que son "recluidos" en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera, especialmente en lo que respecta a la atención psicológica y psiquiátrica.

Precisamente, Podemos ya manifestó su preocupación por la situación de los CIE y, más concretamente, por las "deficiencias" que había en el centro de Sangonera, planteando informes que ponen sobre la mesa que "hay que hacer un esfuerzo por garantizar las condiciones de vida y los derechos humanos".

"Las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de garantizar sus plenos derechos", señaló Urralburu, quien explicó que el delegado se mostró "receptivo" a las propuestas de Podemos y el diálogo fue "cordial.

En este sentido, los diputados del Grupo Parlamentario de Podemos solicitaron una visita al CIE de Sangonera con el fin de comprobar 'in situ' si las condiciones que el delegado del Gobierno les traslada son ciertas, y plantear de forma positiva "cuáles pueden ser las propuestas al Ministerio para mejorar las condiciones de vida". El delegado les indicó que no tendrán problemas en realizar la visita como diputados, aunque se ha de buscar la fórmula administrativa para hacerla.

Y es que el portavoz del Podemos lamentó la falta de datos y estadísticas sobre el paso en estos centros y el tiempo que sus internos "pasan recluidos" en ellos. "Es verdad que no son centros penitenciarios, pero en muchos momentos no recogen las garantías o los derechos que pueden tener los propios centros penitenciarios", remarcó.

Podemos no descarta que los incidentes generados en los CIE puedan tener una motivación "política" y puedan estar coordinados con los incidentes generados en otros centros, reconociendo la alta concentración de inmigrantes de una sola nacionalidad, argelina en este caso.

No obstante, llama la atención sobre problemas de otra índole como, por ejemplo, que no haya evaluaciones psiquiátricas o psicológicas de los inmigrantes que entran al CIE, lo que "puede provocar tensiones", ya que "estamos en una situación de riesgo psicosocial muy alto".

Y es que se trata de personas que "han hecho un enorme esfuerzo físico y humano para llegar al territorio español y que, cuando llegan, son encerrados inmediatamente a la espera de su deportación", por lo que la situación es "humanamente dramática" y se tiene que evaluar a manos de un psicólogo, consideró Urralburu.

Sobre todo, estimó "preocupante" que se desconozcan las condiciones psiquiátricas y médicas de los que son deportados y de los que son liberados en España, recordando que el CIE de Sangonera cuenta con 80 internos y tiene una capacidad de 160 plazas.

Infraestructuras

El líder de Podemos también trató con Sánchez-Solís de la última resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región que reconoce que la rescisión del contrato con Aeromur fue "correcta" en "términos jurídicos", pero cree que todavía "existen problemas" para poner esa obra en funcionamiento.

Urralburu se preguntó "qué empresa puede asumir ahora mismo la infraestructura con la caída que hay de la actividad económica y turística", dado que se trata de un aeropuerto proyectado para seis millones de turistas, cuando San Javier tiene ahora mismo un millón, por lo que la viabilidad "está lejos".

Urralburu también trató con el delegado del Gobierno sobre la dársena de El Gorguel y la espera del informe de impacto medioambiental de la Unión Europea, que es la condición "necesaria" para poner en marcha el puerto.

"Nosotros nos hemos posicionado claramente en contra de esta dársena y planteamos como alternativa la dársena de Escombreras, que ya está construida, y la ampliación del propio Puerto de Cartagena con una dársena más viable y sostenible", reivindicó.

"Todo ello, teniendo en cuenta que hay otros puertos españoles como el de Pasajes que ha desechado propuestas similares porque no la ven viable en términos económicos", según puntualizó.

Ley de Seguridad Ciudadana

Por último, Urralburu trasladó a Sánchez-Solís su preocupación sobre la Ley de Seguridad Ciudadana o 'Ley mordaza' y su aplicación en la Región de Murcia. Al margen de los informes del Consejo de Estado sobre la constitucionalidad de la Ley, Urralburu recordó que hay recursos y que la ONU informó negativamente sobre ella.

En este sentido, el delegado del Gobierno se mostró partidario de aplicar la Ley de la manera "más dulce posible".

Para Podemos, es importante que la Ley se aplique "de la manera más ponderada y sensata posible, con el fin de que se garanticen los derechos de la ciudadanía en la Región de Murcia".