La Comunidad restringe el uso de sus cuentas de correo tras el caso 'Ashley Madison'

Los 40.000 funcionarios de la Comunidad que hagan un uso indebido de su cuenta de correo electrónico profesional (la terminada en carm.es) se enfrentarán a sanciones.

Una semana después de que el robo de datos de la web de contactos para infieles Ashley Madison haya revelado que entre los usuarios se encontraban doce funcionarios de la Comunidad que usaron su correo laboral, la Consejería de Hacienda y Administración Pública anunció ayer que está redactando un protocolo «para la utilización adecuada del correo electrónico de los distintos dominios propiedad de la Comunidad por parte del personal empleado público que dispone de una cuenta de la Administración para su uso profesional».

El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, señaló que «este documento regulará de manera exhaustiva el adecuado uso de las comunicaciones electrónicas y recopilará las normas sobre el uso de internet y correo electrónico, así como el Código de Buenas Prácticas, aprobado por el Gobierno regional en julio de 2012». Dado su carácter de norma reglamentaria, el protocolo, detalló Gallego, será objeto de negociación con los sindicatos «al contemplar un sistema de garantías para las posibles infracciones que puedan derivarse por el uso indebido de una herramienta que se pone al servicio de los profesionales para el mejor desarrollo de sus funciones».

El director general de Función Pública indicó que «en el protocolo se recogerán, entre otras cuestiones, los derechos y obligaciones que adquieren los empleados públicos al disponer de un correo corporativo, que implica un uso responsable y adecuado del mismo», según informaron ayer fuentes del Gobierno regional en un comunicado. «En la elaboración de este protocolo contaremos con la participación de las organizaciones sindicales, ya que será objeto de negociación en la Mesa General de la Función Pública».

El protocolo afectará a los distintos dominios propiedad de la Comunidad Autónoma, y que suponen unas 40.000 cuentas de correo electrónico que están habilitadas «para el estricto uso profesional de los empleados públicos. Será un documento con una regulación exhaustiva y detallada de todas las obligaciones y derechos que implica un uso adecuado y responsable».