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Una banda defraudó 1,5 millones al Estado con una red de falsas empresas

Creaban compañías que carecían de actividad laboral para estafar a la Seguridad Social, lograr ayudas públicas y vender contratos de trabajo

LA VERDAD

Sábado, 29 de agosto 2015, 00:31

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Se les acabó el chollo. La Policía Nacional ha detenido a 89 personas e imputado a otras 152 como sospechosas de crear falsas empresas para amañar prestaciones por maternidad o desempleo, así como solicitudes de residencia para extranjeros. Esta red de empresas ficticias habría logrado defraudar al Estado 1,5 millones de euros.

Según informaron fuentes policiales, los imputados están acusados de crear cinco compañías 'fantasma' con las que facilitaban ayudas públicas al resto de detenidos, tanto extranjeros como nacionales. En concreto, se les acusa de presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal por la creación o vinculación a ese grupo de cinco sociedades pantalla.

Los detenidos simulaban relaciones laborales a través de un complejo entramado de empresas falsas, por lo que obtenían importantes beneficios económicos con la venta de contratos de trabajo a españoles y extranjeros. De esta forma, permitían que se tramitaran de forma favorable expedientes de extranjería o que se pudieran percibir prestaciones económicas en materia de Seguridad Social.

La estructura de la organización la encabezaban dos hombres, de 59 y de 49 años y de nacionalidad española, el primero de los cuales era propietario de un club de alterne, que regentaba su cómplice.

Ambos eran los cabecillas de la gran artimaña, tras los cuales se situaban los denominados 'hombres de paja': los administradores de las empresas ficticias, que percibían 150 euros semanales. También existía la figura de los 'intermediarios', cuyo cometido era buscar posibles clientes, a quienes realizaban los contratos ficticios en las provincias de Murcia, Alicante y Almería.

En el último escalón de la trama delictiva se encontraban esos 236 falsos trabajadores, que pagaron de 200 a 300 euros por el alta inicial en la Seguridad Social; luego, por cada mes, abonaban de 150 a 200 euros durante un año. Las altas han sido anuladas por la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el caso de las personas extranjeras, los importes se abonaban por la obtención de un permiso de residencia y de trabajo en circunstancias excepcionales de arraigo social, y la cantidad que entregaban ascendía a 1.500 euros.

El entramado empresarial jamás pagó las cuotas de cotización a la Seguridad Social, por lo que acabó generando un fraude a las arcas del Estado, en concepto de prestaciones indebidas, que alcanzó los 1,5 millones de euros.

De los detenidos, 67 son españoles y el resto, 22, de otros países, entre ellos Marruecos, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Ecuador y Francia.

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